26 may 2010Salud

La Semana Nacional de la Nutrición sirvió de marco para la mesa redonda “El derecho de todos y todas a una alimentación saludable: ¿un hecho o un trabajo por delante?”, en la cual los ponentes manifestaron que en nuestro país los problemas de una mala nutrición se han acrecentado en los últimos años.

La actividad fue organizada por las escuelas de Nutrición y de Medicina, en coordinación con la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias de Costa Rica, el martes 11 de mayo.

La discusión fue más allá de la desnutrición, y se enfocó en analizar cuáles serán las medidas que se deben tomar para que los costarricenses tengan una buena alimentación.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha definido el derecho a la alimentación como “el derecho que tiene todo individuo a tener acceso regular, permanente y libre, sea directamente o por compra con dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias y satisfactoria…”

La Dra. Marcela Dumani, docente de la Escuela de Nutrición  y expositora de la mesa redonda, definió el hambre según la propuesta del Dr. Josué Castro, ex presidente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) como “… la exclusión de la tierra, de los ingresos, del trabajo, del salario, de la vida, de la ciudadanía y dice que cuando una persona llega al punto en que no tiene qué comer, significa que se le ha negado todo lo demás…”

Por otro lado, la M.Sc. Emilce Ulate directora de la Escuela de Nutrición, señaló que el derecho a la alimentación asegura que tengamos una población económicamente activa y productiva.

Según la especialista, en el mundo ya sobrepasamos los 1000 millones de personas con hambre, mientras que gran parte de la población están muriendo víctima de enfermedades crónicas, producidas por una alimentación excesiva.

Especialistas de la ONU han manifestado que existen varios factores que se suman para que el derecho a una alimentación saludable sea una utopía.

Ulate señaló algunos de ellos, como la evolución del mercado mundial, la deuda externa y sus repercuciones en la seguridad alimentaria y nutricional, la evolución de la biotecnología y su incidencia en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, las guerras, la corrupción, el acceso a la tierra y al crédito y la discriminación de las mujeres.

El Estado como garante

Uno de los invitados fue el ex diputado José Merino, quien expuso un proyecto de ley, impulsado por su persona desde la Asamblea Legislativa pasada.

La propuesta es una reforma al artículo 50 de nuestra Constitución Política “…para que textualmente diga que toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y segura…”

Según el político, aunque este hecho no asegura que los derechos se cumplan, al menos, al estar el tema elevado a rango constitucional, será más fácil defenderlo, incluso en lo que respecta a presupuestos para proyectos o programas especiales.

Merino argumentó que es “… en el campo político donde se resuelven los presupuestos… y ahí donde se sintetiza la lucha por los derechos…”

Al respecto, el Dr. Juan Huaylupo, docente y miembro de la Comisión de Seguridad alimentaria y nutricional de la UCR, comentó que el derecho debe ser el garante de que se regulen las normas existentes en una sociedad civil y las relaciones con el Estado. Y en este sentido, el derecho a la alimentación saludable debe regirse por los mismos términos.

Manifestó que elevar a rango constitucional el derecho a una buena alimentación, conduce a que el Estado tenga ciertas pautas de comportamiento y de obligatoriedad de cumplimiento en este sentido.

Por otro lado, el Dr. Huaylupo comentó que la última crisis alimentaria no fue más que “una crisis especulativa”. Señaló que “la especulación de los alimentos se ha convertido dentro de la economía en una fuente nueva de enriquecimiento privado…”

En conclusión, los exponentes estuvieron de acuerdo en que, si bien en nuestro país existen varios proyectos y programas que contribuyen con el derecho de todo individuo a tener una alimentación saludable, el camino por recorrer es largo y la lucha debe empezar protegiendo a la niñez actual, y proyectarse a largo plazo, de modo que se piense en los cuidados de las futuras generaciones.