Universidad de Costa Rica
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa rechazar los dos proyectos de ley relacionados con la investigación en seres humanos, que tiene en estudio la Comisión de Asuntos Sociales y, en su lugar, se redacte un nuevo proyecto que solvente las limitaciones que tienen ambas iniciativas.
El criterio del máximo órgano político de la UCR fue emitido después de que una Comisión Especial, en la que participaron especialistas de diferentes disciplinas, analizó los proyectos: Ley General de Investigación en Seres Humanos. Expediente N.° 17.777, y Ley que regula la investigación con seres humanos y protege los derechos y dignidad de las personas que participan en investigaciones. Expediente N.° 17.693. Como parte del análisis y dada su importancia, ambas iniciativas fueron sometidas a una amplia consulta a 22 instancias de la comunidad universitaria.
A principios de este año, la Sala Constitucional anuló el Decreto Ejecutivo (N°. 31078-S de 5 de marzo de 2003) que contemplaba la creación del “Reglamento para las investigaciones en que participan seres humanos” y bajo el cual se llevaba a cabo esta investigación en el país, al considerarlo inconstitucional; además, porque este tipo de materia debe ser regulada mediante una ley.
Para la UCR es urgente contar con una ley que provea un marco legal sólido y que subsane el vacío legal y normativo, pero que, al mismo tiempo, garantice los derechos fundamentales y los derechos humanos de quienes participan en investigaciones científicas.
Al respecto, la Institución considera que la legislación que procure regular las investigaciones en las que participan seres humanos debe tener como norte respetar plenamente la dignidad humana, los derechos y las libertades fundamentales, y anteponer siempre los intereses y el bienestar de las personas por sobre el interés científico, pero, de manera especial, por sobre el afán de lucro y los intereses internacionales contrarios a nuestra idiosincrasia.
En ese sentido, el acuerdo del Consejo Universitario destacó que “una legislación contraria a esos principios sería un adefesio, quizás útil jurídicamente, pero un acto deshonesto, inmoral y antípoda de los valores nacionales consagrados en nuestra Constitución Política”.
Si bien es cierto, la UCR considera que las dos iniciativas de ley brindan aportes positivos para regular este tipo de investigación, también presentan una serie de limitaciones conceptuales que se deben resolver antes de su aprobación, entre ellas, la escasa fundamentación en la exposición de motivos, la falta de definición de una serie de conceptos y la confusión entre lo ético o bioético con lo estrictamente jurídico.
Además, destacó que no se define de manera precisa qué se entiende por investigación con seres humanos, no se hace referencia a las investigaciones de otras disciplinas científicas, tales como la Psicología, la Nutrición o la Biología; ni se contempla la investigación que se realiza en las universidades estatales y la que hacen los estudiantes.
Con respecto al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), la UCR considera que debe tener un carácter técnico, imparcial y transparente, de manera que su conformación debe ser democrática y representativa, por lo que la designación de sus miembros no debe ser potestad del Ministro o Ministra de Salud, pues pondría en riesgo su independencia y podría convertirlo en un órgano político que responda a los intereses de los gobiernos de turno.
Además de hacer observaciones generales a ambos proyectos, el Consejo Universitario hizo una serie de aportes específicos con el fin de que sean tomados en cuenta en la redacción de una nueva propuesta.
Al mismo tiempo, ofreció a la Asamblea Legislativa, previa coordinación con las autoridades universitarias, la participación de expertos y expertas de la UCR en los distintos campos de la investigación científica y de bioética, para que colaboren en la redacción de un posible nuevo proyecto.