Universidad de Costa Rica
El país debe prepararse para hacerle frente a los grandes desastres en los campos económico, social, político y ambiental y esta es una labor que no se obtiene de la noche a la mañana, requiere de un trabajo de planificación y priorización que involucra a toda la sociedad.
Así lo reafirmaron los expositores en el acto de inauguración del I Congreso Nacional de Grandes Desastres: ¿Estamos preparados? Impactos económicos, sociales y políticos y el II Foro Nacional de Gestión de Riesgos, que se realizan durante la presente semana en el Hotel Radisson Europa, organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, con el apoyo del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y de otras instituciones del Estado.
El congreso reúne a especialistas de universidades, de instituciones públicas y a representantes de organizaciones no gubernamentales y locales, así como de organismos internacionales, entre estos el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo, y de países como Chile, México y Estados Unidos.
En su mensaje a los presentes, el M.Sc. Marcos Adamson Badilla, director del Programa de Uso de Información Satelital para la Prevención (Preventec) de la Vicerrectoría de Acción Social, de la UCR, y coordinador del congreso, afirmó que Costa Rica es un país privilegiado porque no ha sufrido recientemente los efectos de grandes catástrofes, como las que han vivido Haití y Chile, aunque recordó el terremoto de Cinchona y el deslizamiento de Pico Blanco con un saldo de decenas de víctimas.
“Estos tiempos, cuando aparentemente las aguas se han recogido de nuevo, nos deberían llamar a la reflexión e invitar a preocuparnos y a tomar acciones para poder enfrentarlas cuando vuelvan a regresar”, dijo.
Adamson hizo un llamado a la organización social para prevenir y tomar acuerdos en materia de gestión del riesgo. “No podemos estar impávidos ante la paradoja del conocimiento y del desarrollo científico y tecnológico y que no seamos capaces como sociedad de organizarnos, tomar medidas preventivas, priorizar la inversión y ponernos de acuerdo sobre esas tareas urgentes que estamos posponiendo”, expresó.
Por su parte, el rector en ejercicio de la UCR, Magíster Carlos Villalobos Villalobos, resaltó que el Congreso y el Foro reflejan la capacidad de coordinación entre la academia y las instituciones públicas.
A su juicio, este esfuerzo permitirá “que se conjunte la producción de conocimiento en materia de prevención, gestión del riesgo y amenazas con la experiencia en administración de emergencias, para que nuestro país y la región puedan avanzar y enfrentar la vulnerabilidad del contexto”.
Villalobos manifestó que la UCR ha incrementado los esfuerzos en docencia, investigación y acción social en disciplinas relacionadas con los desastres, desde la Geología, pasando por la Biología, hasta las Ciencias Sociales.
Elemento de decisión política
Con Adamson coincidió la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Ing. Vanessa Rosales Ardón, quien aseguró que la gestión del riesgo se debe convertir en un elemento fundamental de decisión política en el ordenamiento territorial, si al país le interesa reducir la cifra que gasta en la recuperación de los desastres y que representa un rezago en el desarrollo.
“Hagámosle ver a los políticos y tomadores de decisiones cuánto le está costando al país en términos de su Producto Interno Bruto el tener que estarse recuperando año tras año del impacto de los desastres, digámosle que la prevención es una responsabilidad de todos y que se requiere de una acción de mediano y largo plazo”, dijo la funcionaria.
Con el propósito de llevar a la práctica la gestión del riesgo, Rosales comentó que desde hace un año está en ejecución el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo se incorporará este tema como un eje transversal de la planificación.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de la asesora para América Latina del Banco Mundial en temas sobre gestión del riesgo, M.Sc. Ana María Torres, quien expuso acerca de los créditos de contingencia que ofrece esta entidad financiera para reducir la vulnerabilidad fiscal de los países.
Entre los productos financieros, la especialista mencionó el denominado Opciones de Desarrollo Diferido (ODD), que Costa Rica suscribió por US$65 millones.
