Plantean dudas acerca de reformas a sistema de financiamiento político

Según los especialistas, en las últimas elecciones nacionales no hubo un comportamiento estable de los votantes en cuanto a sus preferencias políticas (foto tomada de www.aldia.cr/ad_ee/2009/mayo/20/nacionales1969425.htmlAl Día).

Las reformas al Código Electoral en torno al financiamiento de los partidos políticos no garantizan transparencia frente al electorado sobre la influencia de los grandes capitales en la política, de acuerdo con varios especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) que analizaron el proceso electoral de Costa Rica 2009-2010.

Las finanzas de los partidos políticos fue uno de los temas que se analizó en la actividad, organizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas de esa casa de estudios, en el que se expuso el capítulo sobre la situación política del XVI Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible.

Dicho Informe destacó como un avance el mejoramiento del sistema de financiamiento político, gracias a que en las reformas al Código Electoral se incluyeron “mayores controles y un régimen de sanciones más preciso y amplio, en el que se sientan responsabilidades directas para cada conducta ilícita detectada”.

Entre las limitaciones mencionadas, el Informe señala problemas de equidad en el acceso al financiamiento y ante la posibilidad de que se siga utilizando la compra de bonos de la deuda política para encubrir donaciones no permitidas.

Sin embargo, al analizar los gastos efectuados por las agrupaciones políticas en la campaña electoral y los ingresos que recibirán por concepto de financiamiento público y privado, los investigadores del Programa Estado de la Nación afirman que “quedan dudas sobre las capacidades reales que tienen algunos partidos para sufragar la totalidad de sus gastos con las fuentes de financiamiento disponibles y a partir de las liquidaciones presentadas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”.

Al respecto, la Dra. Cisca Raventós Vorst, socióloga del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), consideró que dicha reforma no garantiza la transparencia sobre la influencia que ejercen los grandes capitales en la política mediante sus contribuciones.

“Habría que separar esas dos cosas”, dijo Raventós, en referencia por un lado a la obligatoriedad de pasar la deuda política por el sistema financiero formal como un mecanismo de protección contra el narcotráfico y el lavado de dinero, y por el otro, el hecho de que los bonos de la deuda sean al portador, lo que para ella es problemático, “especialmente después de los casos de corrupción de los últimos años”.

La Dra. Cisca Raventós, del IIS afirmó que las reformas al Código Electoral sobre el financiamiento de los partidos no garantizan transparencia para los electores (foto Anel Kenjekeeva).

“Le quitaron el límite a las contribuciones privadas, pero seguimos sin saber quiénes realizan adelantos para las contribuciones públicas y seguimos dándole el privilegio a los sectores que tienen grandes fortunas y que estarían interesados en influir en la política a través de las contribuciones”, dijo la académica.

El otro punto señalado por Raventós es el hecho de que se hayan eliminado los reportes sobre las contribuciones, ya que los electores deberían estar al tanto durante el desarrollo de la campaña de quiénes compran los bonos y quiénes hacen contribuciones privadas.

En relación con la deuda pública, Raventós opinó que con la reforma realizada se le concede mucho poder a los operadores financieros estatales y privados, ya que estas entidades definen cuánto le adelantan a los partidos con base en los resultados de las encuestas.

En el caso de los bancos estatales –añadió– puede haber un vínculo entre estos y el gobierno de turno mediante las juntas directivas.

Para Steffan Gómez, del Estado de la Nación, una de las cosas preocupantes es que “estamos usando las encuestas para predecir los resultados electorales y con base en ello tomar decisiones que afectan la distribución de los recursos públicos”.

Entre las cuestiones importantes que a criterio de los especialistas no fueron incluidas en la reforma del Código Electoral está la no eliminación del subcociente, para garantizar una mayor proporcionalidad en la distribución de las curules legislativas.

“En un momento de transición del sistema de partidos y de surgimiento de nuevos, sería más interesante permitirle a todas las fuerzas políticas llegar al Congreso y empezar a generar nuevos bloques y alianzas políticas, que bloquearlas con la desproporcionalidad del subcociente”, advirtió Raventós.

El Lic. Steffan Gómez, el Dr. Alberto Cortés, la Dra. Cisca Raventós y el Lic. Sergio Alfaro durante una de las mesas redondas del foro sobre el proceso electoral de Costa Rica 2009-2010, realizado en la UCR (foto Anel Kenjekeeva).

Desalineación política

Otro de los temas incluidos en el Informe del Estado de la Nación es la desalineación política, acerca del cual se afirma que no hubo un comportamiento estable de los votantes, ni tampoco una “adscripción profunda a los partidos, como sí había a principios de los años 90”.

Este fenómeno electoral se notó en la alta proporción de votos que se definieron en la última semana o propiamente el día mismo de la elección, especialmente para el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Movimiento Libertario (ML).

Al respecto, el Lic. Sergio Alfaro, exdiputado del PAC, aseguró que esta “es una realidad con la que hay que luchar, las organizaciones por su parte para alinear gente y el electorado por el otro para buscar opciones políticas con las cuales alinearse”.

A juicio de Alfaro, el voto del electorado no fue ideológico, sino más bien se movió por las estrategias de mercadeo político y la publicidad.

“Esa razón de votar no está en la ideología ni en las propuestas, está en la imagen, en el show político, en el mercadeo y la exhibición. Creo que la campaña pasada fue muy clara en este sentido”, argumentó el ex legislador.

En ese sentido, Gómez se mostró a favor de que exista un mayor control y equidad en cuanto al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, ya que más de un 80 por ciento del dinero de la política va a las empresas periodísticas, especialmente a la televisión.

En otros países, detalló Gómez, el Estado dispone de los espacios del espectro radioeléctrico y los distribuye equitativamente a las agrupaciones políticas.