9 nov 2010Sociedad

Las zonas francas en Latinoamérica provocan una desregulación del comercio pues vuelven más informal la división del trabajo en el mundo, permiten el pago de bajos salarios y dejan sin cabida las leyes de protección al trabajador, como parte del sistema capitalista en el que se desenvuelven.

Esa es la conclusión a la que llegó la directora general del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), Dra. Delphine Mercier, quien presentó los principales resultados de su tesis de doctorado el jueves 28 de octubre en una conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.

La tesis de Mercier remite a la importancia que cobra el análisis del modelo de zonas francas en Latinoamérica dentro del sistema capitalista que cada vez presenta un desarrollo más acelerado.

“Este movimiento tomó lugar en los años 90 sobretodo a través del proceso de certificación y de desarrollo de las normas de calidad. Ligado a este fenómeno de excepción fiscal y aduanera forzosamente se articularon excepciones en términos del derecho laboral y de manera de funcionar socialmente en estos espacios” dijo la investigadora.

Añadió que mutualizar servicios, cobrar poco o nada de impuestos a industrias de servicios transnacionales y bajar el costo de mano de obra con el pago de bajos salarios, además de la violación a los derechos del trabajador; son las consecuencias del modelo de zonas francas en este continente.

La idea de los países como México, Europa del Este, Uruguay, Centroamérica y más recientemente China, es atraer estas empresas como una forma de suplir las necesidades de empleo de la población. Las leyes sobre zonas francas presentan tales carencias que Mercier prefiere llamarles “las leyes de la ausencia”.

La Dra. Mercier considera que las industrias maquiladoras son el ejemplo más cercano de zonas francas en los países latinoamericanos. En este tipo de fábricas se han creado nuevas formas de dominación donde no existen departamentos de derechos humanos dentro de las platas y los trabajadores carecen de intermediarios que defiendan sus derechos, con lo que el riesgo económico y social para los países se vuelve cada vez más denso. 

En estas zonas las organizaciones mundiales de protección a los derechos del ser humano, como la Organización Internacional del Trabajo o el Sindicato Internacional, no tienen incidencia directa pues la ley no se los permite.

Mercier sugirió el desarrollo de redes conjuntas de investigación entre Europa y Centroamérica para conocer más a fondo este tipo de fenómenos con el fin de provocar la discusión en los ámbitos político y social.