La universidad debe fortalecer el debate, la crítica y la investigación interdisciplinaria en las materias que contribuyan a definir las políticas del Estado para incidir en la violencia social y la criminalidad, manifestó el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, juez y catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Él dictó la conferencia Una política criminal posible desde la Universidad, en las primeras Jornadas Interdisciplinarias de Investigación en Violencia y Sociedad, que organizó el Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Vicerrectoría de Investigación.
Según manifestó, las universidades pueden construir conocimiento útil para establecer una política criminal en el país, con la ventaja de que es conocimiento científico generado a partir de la investigación y metodología científicas, no como ocurre en lo que algunos han denominado ‘política criminal’ de sentido común, originada más por alarma social que por el análisis concienzudo.
Chirino opina que la academia puede establecer el vínculo necesario entre la política jurídica y la política social. “Es en esencia, el puente entre criminología, victimología y conocimiento de las ciencias sociales”. No obstante, las universidades no suelen ser invitadas a configurar la política criminal del Estado, debido a que hoy impera la ‘política criminal’ del sentido común y el conocimiento científico es despreciado.
El expositor comentó que en el lenguaje de la política se utilizan las nomenclaturas ‘garantismo’ y ‘abolicionismo’ para calificar a aquellos que osan poner en cuestionamiento la política del ‘sentido común’. Explicó que quien hace ciencia crítica del derecho penal vigente, es de inmediato calificado de ‘garantista’; mientras quien hace política es un héroe social. Quien busca un análisis reposado de causas y efectos de la criminalidad se convierte en un enemigo público, pues desea abolir el sistema, afirmó el juez penal.
El papel de la universidad debe ser lo más activo posible, con el fin de aportar ciencia y conocimiento racional al discurso político criminal. “Se trata, en suma, de analizar el impacto del derecho penal y de las normas generadas por este con el fin de observar las consecuencias de las políticas criminales populistas de hoy, que echan mano del fácil recurso del aumento de las penas y de la reducción de derechos de los ciudadanos, sin ningún efecto aparente en el problema de la criminalidad”, enfatizó.
Al respecto agregó que debe “facilitar el camino para entender la realidad social costarricense, su conflictividad y los efectos colaterales indeseables de la política populista, con el fin de generar, en el mediano y largo plazo, un proyecto de reacción al delito y sus consecuencias que pueda ser traducido en el discurso normativo, pero también de la acción social”.
Respuesta de la UCR
El vicerrector de Investigación de la UCR, Dr. Henning Jensen Pennington, coincidió con el conferencista en la necesidad de que la universidad desarrolle “conocimiento útil y aplicable que lleve a la búsqueda de soluciones. La universidad tiene también la capacidad, además de investigar, de salir al mundo y ejecutar programas extramuros”, enfatizó.
Por su parte la investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas y organizadora de la Jornadas, la M.Sc. Mónica Vul Galperín, dijo que la universidad tiene mucho por hacer “para incidir en las políticas públicas de niñez, adolescencia, juventud, en política criminal, de no judicialización, de no criminalización de la pobreza, del cuestionamiento de las leyes de excepción”, como se denomina a ciertas medidas puestas en práctica por los gobiernos con el pretexto de combatir la criminalidad.
Las jornadas se realizaron el 26 de agosto en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del 35.º Aniversario de la Vicerrectoría de Investigación.
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