Educación superior pública, ¿bien social gratuito?

En Costa Rica las Universidades Públicas son las que han asumido el reto de un desarrollo académico que incida en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del país, acotó la Dra. Yamileth González (foto Omar Mena)

El dilema de si la educación superior pública como bien social debe ser gratuita o no, aunque sea costeada por el Estado, fue uno de los temas que surgieron durante la primera jornada del “Foro Institucional Financiamiento de la Educación Superior Pública y Desarrollo Nacional en el siglo XXI”, que se realiza en la Universidad de Costa Rica.

En el primer bloque de discusión denominado “Hacienda pública, educación superior y modelo de desarrollo 2021”, participaron la Dra. Yamileth González García, Rectora de la Institución; el M.B.A. Thelmo Vargas Madrigal, de la Academia de Centroamérica; y la M.Sc. Isabel Román Vega, del Proyecto Estado de la Nación.

Haciendo suyas algunas de las conclusiones de la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior, convocada por la UNESCO y celebrada en París, Francia, del 5 al 8 de julio pasados, la Dra. Yamileth González manifestó que “la educación superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de la educación y la base para la investigación, la innovación y la creatividad, por lo que los gobiernos tienen la responsabilidad de darle su apoyo económico”.

Reiteró, que está convencida de que la Universidad Pública se relaciona intrínseca y directamente con el desarrollo del país, no solo mediante la formación de profesionales del más alto nivel, capaces de responder a las demandas de los sectores público y privado, sino promoviendo las transformaciones indispensables para el mejoramiento económico, social y político del país.

A su juicio, por eso la educación debe seguir siendo un derecho inalienable de los costarricenses, tan básico como la vivienda, el vestido y la salud y el “gasto” en educación superior pública, ser considerado una inversión.

En ese sentido la Dra. González señaló cómo gracias a la inversión que realiza el Estado costarricense, la UCR desarrolla en la actualidad cerca de dos mil proyectos de investigación y acción social de alto nivel, en todas las áreas del conocimiento, tendientes a solucionar diversos problemas de impacto social.

Entre ellos destacó los estudios que se llevan a cabo en ciencias agroalimentarias, ingenierías y salud, que permiten hoy día, por ejemplo, un desarrollo exitoso de la industria agroalimentaria nacional, para la cual el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) ha formulado y desarrollado más de 150 productos, a partir de 1984; un control eficiente de la construcción de obras viales, con el concurso del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme); y la fabricación de sueros antiofídicos de la mejor calidad y con un sentido social para el país, Centroamérica y naciones como Taiwán, Nigeria y Australia, por parte del Instituto Clodomiro Picado.

Subsidio general es injusto

“Valdría la pena meditar si la educación superior pública debería ser gratuita, aunque sea costeada por el Estado, porque lo que la Constitución Política dice es que deben ser gratuitas la educación primaria y secundaria”, indicó Thelmo Vargas (foto Omar Mena)

Aunque durante su intervención el M.B.A. Thelmo Vargas, reconoció que no tiene la menor duda de que la sociedad del futuro requiere del conocimiento que aporta la educación superior y que las empresas van a requerir de los recursos humanos que forman las universidades, también sugirió que las instituciones de educación superior públicas deberían repensar el esquema que han venido manejando en estos años, para corregir lo que él denomina “una enorme injusticia”.

En ese sentido indicó que a diferencia de la salud básica, la vivienda de bien social o la educación primaria y secundaria, la enseñanza universitaria debería ser un bien que solo fuera costeado por el Estado, a aquellas personas que realmente no cuentan con recursos.

Refiriéndose a las tres áreas sustantivas de la Universidad: investigación, docencia y acción social, Vargas señaló que si la acción social va dirigida a toda la colectividad, debe recibir subsidio del Estado, pero no solo en las universidades públicas, sino en todas las universidades del país.

Vargas considera que la investigación pura podría ser objeto de subsidio porque no se vende, pero si es investigación aplicada que le sirve a la empresa privada, debe cobrarse.

En cuanto a la docencia, considera injusto subsidiar a todos los estudiantes por igual, porque a su juicio en la UCR, por ejemplo, hasta el que no tiene beca se beneficia, porque no se paga el costo real. “Debe haber claridad en que, aunque la educación superior pública debe ser costeada por el Estado, no es gratuita porque la población ha pagado impuestos para cubrir sus costos”.

Mencionó estudios realizados por Pablo Sauma, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR sobre incidencia del gasto en educación, que concluyen que si bien la educación básica, al ser pública, acoge a las personas económicamente menos favorecidas, no sucede lo mismo con la educación superior, cuyos beneficiarios provienen, en un alto grado, de familias que pudieron pagar colegios privados.

Por eso insiste en que las universidades públicas deben cobrar a quienes pueden pagar por los servicios y usar esos recursos adicionales al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que de por sí está garantizado por la Constitución Política, para tener un fondo de préstamos y de becas más generosos para estudiantes sumamente pobres.

Prepararse para los cambios

A juicio de Isabel Román, la educación superior debería aumentar su capacidad de vivir en la incertidumbre y el cambio, para lo cual es necesario preservar y ejercer el rigor científico, la originalidad, hacer frente a las necesidades sociales y promover la solidaridad y la equidad (foto Omar Mena)

La M.Sc. Isabel Román, dijo por su parte, que el desarrollo de las universidades se enmarca en el contexto de un país que enfrenta nuevos desafíos que tienen que ver con ampliar los logros en desarrollo humano y generar mayores oportunidades, una inserción inteligente y centrada en mayores capacidades y calificación de su gente, un incremento de la productividad de su fuerza de trabajo, una reducción de la desigualdad y una participación ciudadana más generosa e informada.

Señaló que dado que uno de los desafíos principales de la sociedad es darle a las nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral una educación y un empleo de calidad, la educación superior está llamada a cumplir un papel preponderante.

Destacó que es precisamente gracias al FEES, que ha venido experimentando una recuperación positiva en los últimos años, que las universidades públicas han podido responder oportunamente a ese desafío-país.

A su juicio el incremento del FEES se ha traducido en el fortalecimiento de áreas estratégicas a través del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat), sobre todo en el campo de las innovaciones biotecnológicas y del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que se ha insertado en el denominado nuevo desarrollo con un enfoque universitario e interdisciplinario, proyectándose con mayor fuerza al sector productivo y gubernamental, con proyectos innovadores e inversiones en ciencia y tecnología. “El dinero que aportan los costarricenses se ha invertido bien”, sentenció.

El foro que concluye el día de hoy es organizado por la Rectoría y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

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