Mediante un acuerdo del Consejo Universitario, aprobado en sesión ordinaria este miércoles 3 de junio, la Universidad de Costa Rica (UCR) le exigió al Gobierno el cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política que garantiza la no reducción del presupuesto del 2009 para las universidades públicas.
La decisión se tomó debido a que en la última reunión de la Comisión de Enlace, celebrada el 26 de mayo, los Ministros que negocian la distribución del Fondo Especial para la Educación (FEES), cambiaron radicalmente su posición con respecto al acuerdo de no disminuir el presupuesto de las universidades públicas para el 2009.
Así lo informó al Consejo Universitario, la rectora de la UCR, Dra. Yamileth González.
Cabe recordar que en febrero de este año el ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, le comunicó al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) la intención del Gobierno de reducir el presupuesto aprobado a las universidades estatales para el 2009, en 7.846 millones de colones, y justificó la reducción en el cambio en las estimaciones del Banco Central sobre el producto interno bruto (PIB).
Según el Consejo Universitario, contrario a lo que pretende el Gobierno, es necesario tomar medidas que fortalezcan la inversión pública en educación, salud e infraestructura, entre otras, con el propósito de contribuir a reactivar la actividad económica y a superar la crisis, garantizando inclusión social, equidad y solidaridad con los sectores más vulnerables del país.
Al mismo tiempo, manifestó que es urgente resolver este año la negociación de un nuevo Convenio del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), que garantice el financiamiento de las universidades públicas para los próximos cinco años, por lo que pidió al Gobierno, también, concluir dicha negociación antes de que finalice el 2009, e incrementar el presupuesto para la educación pública al menos al 8% del PIB,
Posibles medidas
El Consejo Universitario le solicitó a la Rectoría que desarrolle una campaña de información y otras actividades, incluyendo la posibilidad del paro activo, que alerte a la comunidad universitaria sobre esta crítica situación, con el propósito de garantizar la defensa del presupuesto universitario y de la educación pública.
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