Universidad de Costa Rica
Los proyectos de ley tendientes a reducir la jornada laboral y el salario de los trabajadores y trabajadoras, como medida temporal frente a la crisis económica internacional, poseen disposiciones que riñen con los principios consagrados en la Constitución Política y que atentan contra la legislación nacional.
Así lo aseguraron especialistas que participaron en la mesa redonda “Flexibilización laboral y jornadas de trabajo: análisis de proyectos de ley actuales”, organizada por la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Los expositores fueron el M.Sc. Marco Durante Calvo, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR; el Dr. Fernando Bolaños Céspedes, presidente de dicha Asociación y el Lic. Manuel Hernández Venegas, abogado litigante y asesor legal del Sindicato del Banco Nacional. Como moderadora fungió la M.Sc. Julia Varela Araya, Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
El Lic. Hernández argumentó que el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), se inscribe en la corriente de desregulación de la legislación laboral, porque “altera y trastoca” sus principios.
“No se trata strictu sensu (en sentido estricto) de un proyecto de la desregulación de la jornada de trabajo, sino por el contrario, de una propuesta de recorte de los salarios de los trabajadores, que constituye la medida principal del proyecto y, sin lugar a dudas, la más lesiva de todas”, afirmó Hernández.
El abogado sostuvo que aunque en apariencia la iniciativa no contempla ninguna reforma al Código de Trabajo, sí modifica lo estipulado en este cuerpo legal sobre jornadas de trabajo y salario de la población trabajadora.
¿Cuál es la ideología que subyace en el proyecto de flexibilización laboral presentado por el sector empresarial?, se preguntó Hernández. La iniciativa, aseguró, apela a la solidaridad entre la clase trabajadora para que comparta los sacrificios, “como si los trabajadores tuvieran la responsabilidad de la crisis y como si esa fuera la única alternativa de solución”.
El Lic. Hernández destacó que a la luz de los preceptos constitucionales, el proyecto afecta los principios de irrenunciabilidad de los derechos, libertad y autonomía de los trabajadores, “quienes (en el proyecto) quedan a expensas de la voluntad de los patronos”.
Medidas temporales
Por su parte, el profesor Marco Durante, quien participó en la redacción del proyecto de ley de la Uccaep, opinó que frente a la realidad actual y a las proyecciones de desempleo en el país, los empresarios requieren tomar decisiones “a golpe de tambor”.
“¿Ustedes creen que los patronos están esperando a que se apruebe una ley para hacer cambios? Yo esperaría que nadie sea tan ingenuo para pensar eso. Por supuesto que la mayoría de las empresas ya están tomando decisiones”, dijo Durante, aunque reconoció que son ilegales.
En su criterio, la mejor forma de resolver el problema del desempleo en coyunturas como la actual y de llegar a acuerdo en materia laboral sería la concertación social, pero como esa salida no es posible en Costa Rica, se debe echar mano a alternativas permitidas por la legislación nacional.
En ese sentido, explicó que la propuesta empresarial establece algunas medidas de corte temporal para que el patrono pueda decidir qué cambios hace, y si al trabajador o trabajadora no le parece lo que procede es el despido con el pago de las prestaciones correspondientes.
Con la iniciativa del sector privado también estuvo en desacuerdo el Dr. Bolaños, de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, para quien el proyecto es inconstitucional, al plantear la reducción salarial de aquellos empleados que ganan al mes más de ¢1.160.000, entre otras medidas.
Bolaños consideró también que el proyecto es unilateral, ya que impone la voluntad patronal y deja en total indefensión a la población laboral.
Por otro lado, mientras la mayoría de los países están tomando medidas anticíclicas, como por ejemplo, que no se reduzca el consumo, “aquí se promueven medidas que profundizan la crisis”, expresó el jurista.
El conferencista opinó que este es el momento oportuno para impulsar el diálogo social, mediante el cual patronos y trabajadores puedan pactar acuerdos de negociación colectiva, ya que tradicionalmente la norma ha sido al contrario, a contrapelo de los convenios internacionales en materia laboral suscritos por el país.
