La reforma a la Ley de Tránsito en Costa Rica ha provocado desde el inicio diversas opiniones encontradas por la imposición de severas multas a quienes incurran en delitos tipificados. Especialistas en Derecho debatieron sobre esta normativa que presenta, a su juicio, algunas contradicciones.
En el debate participó el Lic. Germán Masís Sandí, Director General de la Policía de Tránsito; el Lic. David Hernández Suárez, juez penal; el abogado Carlos Rivas Fernández, asesor legal del Consejo de Seguridad Vial y el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, profesor de Derecho Administrativo.
En diciembre del 2008 empezaron a regir las primeras sanciones de esta Ley de Tránsito por conducir en estado de ebriedad, el resto de multas entrarán en vigencia hasta el próximo 23 de setiembre.
Los especialistas coincidieron, algunos en mayor medida, sobres aspectos en los que la Ley de Tránsito presenta problemas de incongruencias con las bases constitucionales del país.
El Asesor Legal del Consejo de Seguridad Vial, Carlos Rivas aduce que los instrumentos normativos de la nueva ley de tránsito pasan de un derecho de seguridad vial a un derecho más específico penal de esta seguridad.
Por su parte el Dr. Romero, Profesor de Derecho Administrativo afirmó que la discusión de esta ley va más allá de un instrumento, pues el país está ante una “disyuntiva sobre las multas que implica la aprobación de esta Ley de Tránsito y lo que son las bases constitucionales: el derecho a la vida y el derecho a tener una opción de estar tranquilo en las vías públicas sin sufrir la posibilidad de que seamos objeto (víctimas) de personas que no cumplen con la normativa”.
Carencias de la ley
El Lic. David Hernández Suárez, Juez Penal, dijo que antes de priorizar una ley debe asumirse un verdadero derecho de tránsito, pues este asunto de la reforma a la Ley de Tránsito no es algo nuevo.
“La Ley tiene los mismos vacíos desde hace mucho tiempo”, pues no se ha actualizado y esto genera una serie de problemas enfatizó Hernández.
Añadió que los vacíos tienen origen en aspectos de técnica legislativa. Explicó que los diputados no han logrado prepararse en materia penal y constitucional, al contrario no trascienden del ámbito legislativo.
“La Ley de Tránsito tiene problemas a nivel de legislación que hacen que su aplicación caiga en problemas de subsanar la carestía de los diputados con la actuación de los jueces” manifestó Hernández.
El Juez Penal argumentó que sin ánimos de “satanizar” esta ley , es necesario reconocer que presenta defectos importantes. Por ejemplo expresó que las descripciones de las conductas son indeterminadas y amplias, lo que se presta para diversas interpretaciones.
También Hernández explicó que la reforma a la ley de Tránsito se enfoca en tres acciones: reformar, adicionar y derogar artículos lo que al final resulta en una serie de incoherencias, como la desaparición de artículos o ausencia aclaraciones y limitaciones de artículos importantes en materia penal.
Además, el Lic. Hernández aprovechó el debate para hacer un llamado de atención a la academia en cuanto a la ausencia de programas universitarios sobre el tema de tránsito.
“Las universidades y facultades no se preocupan por crear el derecho de tránsito sino que nos enfrascamos en las materias comunes como derecho penal y procesal penal. Es un defecto cultural y de reto académico” comentó el Juez Penal.
El debate fue organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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