Universidad de Costa Rica
El abandono de la mina Bellavista en Montes de Oro de Puntarenas y el incumplimiento de los compromisos ambientales y sociales asumidos por la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation fueron denunciados por miembros del Comité Ambiental de Miramar, población cercana a la mina.
En un foro realizado en la Universidad de Costa Rica y organizado por el Programa de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) y el grupo “Llamado urgente por el país”, la Ing. Sonia Torres Arguedas aseguró que el Gobierno no ha exigido a la compañía una respuesta ante el desastre ambiental ocurrido en la zona.
De acuerdo con Torres, la firma abandonó la mina Bellavista “con total irresponsabilidad frente a los compromisos asumidos con la comunidad y la municipalidad”.
Además, aseguró que existe “una actitud complaciente por parte del Gobierno costarricense”, que no exige ni cuestiona los análisis que la empresa presenta sobre la situación de la mina”.
Según la conferencista, la compañía canadiense cerró las oficinas en Miramar y en San José, suspendió las ayudas que hacía a la comunidad y cambió el nombre de la empresa y de sus directivos. “Hay una actitud de total abandono”, sentenció.
La historia de la explotación de metales en Montes de Oro se remonta a los años 50 del siglo pasado, cuando se aprobó la primera concesión minera en esa zona.
En un recuento cronológico sobre lo acontecido con la mina Bellavista, la dirigente ambiental aseguró que el mayor peligro lo constituye la posible contaminación de los mantos acuíferos y de la cuenca del río Ciruelas con sedimentos, metales pesados y cianuro, este último un material altamente tóxico utilizado en la extracción de oro a cielo abierto.
La mina Bellavista suspendió operaciones en julio del 2008 luego de 18 meses de operación, debido a los constantes desplazamientos en los patios de lixiviación, ocasionados a juicio de ambientalistas a fallas geológicas en el área que ponían en peligro la estabilidad del proyecto minero.
Otros daños ambientales mencionados por la conferencista son la pérdida de biodiversidad, la invasión de áreas protegidas, la destrucción del paisaje, la interrupción de corredores biológicos y efectos sociales negativos en la comunidad, como el despido de los trabajadores, entre otros.
Retomarán acciones
Frente a la actual situación en la mina Bellavista, el Comité Ambiental de Miramar retomará este año algunas acciones judiciales y recurrirá a la denuncia en las instancias internacionales, para demostrar la violación de los derechos humanos.
“Se nos ha violentado el derecho a la salud, principalmente, tenemos una amenaza grande de montañas de tóxicos a menos de dos kilómetros en línea recta de la comunidad y creemos que alguien debe responder por eso”, aseguró la Ing. Torres.
Desde un inicio, dicho Comité se opuso al proyecto y llevó a cabo una lucha legal en las instituciones del Estado, y aunque ganó siete recursos de amparo no logró detener la operación de la mina.
Torres opinó que el país debe hacer un alto y reflexionar sobre los aportes de la minería, en momentos en que hay otros proyectos, que como Crucitas, en la zona norte del país, ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales y violentan los derechos de las personas.
“Se necesita un diagnóstico de lo que ha sido el desarrollo de la minería en el país en los últimos 100 años”, afirmó.
