Consejo Universitario pide moratoria a expansión de actividad piñera

Costa Rica se ha convertido en el primer exportados de piña en el mundo, actividad que generó en el 2007 unos $485 millones y se expande aceleradamente en el territorio nacional. (Foto cortesía Julián Ruiz Blais)

Aplazar la expansión de la actividad piñera en el país es la principal solicitud que hizo el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica al Gobierno de Costa Rica y a las municipalidades en un pronunciamiento publicado recientemente.

El Consejo consideró la amplia información existente sobre las amenazas ambientales, sociolaborales y los efectos en la salud pública que conlleva la actividad piñera, la cual experimenta una expansión de las áreas de cultivo, concentrada en cantones con un alto índice de pobreza de la Región Brunca, la Región Huetar Norte y la Región Huetar Atlántica.

En el pronunciamiento “Consecuencias socioambientales de la industria piñera en Costa Rica”, emitido en sesión N. 5318, artículo 12 del martes 9 de diciembre de 2008, el Órgano Colegiado señala que la moratoria se debe aplicar hasta tanto no se cumplan con tres condiciones básicas.

Entre las principales denuncias asociadas al cultivo de la piña están el irrespeto a los derechos laborales de los trabajadores y la falta de condiciones de salud ocupacional. (Foto cortesía Julián Ruiz Blais)

Las condiciones necesarias son: que se cuente con la debida planificación del territorio considerando la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona; se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente, a la salud ambiental y de las personas que habitan en el entorno de los cultivos; se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país.

Comunidades expresaron preocupaciones

La posición del Consejo Universitario sobre este tema se sustentó, entre otros aspectos, en una iniciativa del Programa de Kioscos Ambientales sobre Organización y resistencia frente a la expansión piñera de la Vicerrectoría de Acción Social coordinado por el profesor Julián Ruiz Blais.

El Programa de Kioscos Ambientales sobre Organización y resistencia frente a la expansión piñera recogió las inquietudes de vecinos de las comunidades de Siquirres y Guácimo en el 2008.

Este proyecto viene trabajando desde el 2008 con las comunidades de Siquirres y Guácimo afectadas por la problemática de la actividad piñera. Con giras, visitas casa por casa, conversaciones con los y las vecinas de las comunidades se lograron conjuntar las diversas preocupaciones de organizaciones comunitarias y ambientalistas en relación con las posibles consecuencias ambientales, laborales y sociales de las actividades relacionadas con la producción de piña.

El profesor Julián Ruiz Blais, coordinador de este proyecto explicó el trabajo que se realizó: “lo que hicimos fue canalizar todas estas preocupaciones de la gente en las comunidades, preocupaciones que quedan ocultas, que quedan invisibilizadas por el gobierno, y lo que hicimos fue canalizar eso para que el Consejo Universitario tomara una posición”.

Ruiz destacó que el pronunciamiento del Consejo Universitario es importante para continuar con el apoyo a las comunidades afectadas por la problemática: “viene a fortalecer nuestra posición como Universidad dentro de las comunidades y las regiones donde se está produciendo la piña, nos da un apoyo un sostén académico e institucional que es bien recibido por las comunidades y la gente que está sufriendo los impactos en las comunidades”.

Municipalidades deben actuar

El Consejo Universitario hizo una solicitud a los gobiernos locales, especialmente a las municipalidades de Siquirres, Guácimo, Pococí, Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón para que apliquen la legislación nacional y las recomendaciones técnicas existentes en materia de protección de suelos, conservación de manantiales y áreas de recarga acuífera, protección de zonas boscosas y de cursos de agua, permisos de viabilidad ambiental y de utilización de agroquímicos, derechos y garantía laborales.