El pesimismo de la ciudadanía costarricense frente a la lucha contra la corrupción es uno de los aspectos que sobresalió en la reciente encuesta realizada con el propósito de estudiar a la opinión pública en torno al tema de la corrupción en la función pública.
“La ciudadanía considera a Costa Rica como un país corrupto o muy corrupto y que la corrupción no disminuirá en el futuro”, afirmó el Dr. Jorge Poltronieri Vargas, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinador de la investigación.
Según Poltronieri, la población costarricense percibe como corrupción solamente la que se produce en la administración pública y no incluye la corrupción privada ni su incidencia en la falta de recursos por casos de corrupción como la evasión y el contrabando.
La consulta forma parte de la encuesta Estructuras de la Opinión Pública, que en los últimos 22 años ha efectuado la Escuela de Matemática y el Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (Cimpa) de la UCR, con el objetivo de analizar la evolución en la forma de pensar de la ciudadanía costarricense, así como determinar cómo se conforma la estructura de opinión en el país.
Metodología
El estudio se realizó entre el 13 y el 28 de junio del 2009, con una muestra representativa de la población costarricense de 1.000 personas, residentes en 47 cantones y 93 distritos. Todos los entrevistados son mayores de edad y la encuesta se efectuó en su lugar de residencia. El margen de error es de un 3 por ciento.
El estudio tomó como referencia un cuestionario utilizado por Transparencia Internacional de Latinoamérica y el Caribe (Tilac), el cual fue modificado y adaptado a la realidad del país. El instrumento constó de 15 preguntas relacionadas con información socio-demográfica de la ciudadanía, 10 preguntas sobre percepción de los principales problemas que tiene el país y 17 sobre tolerancia a situaciones de corrupción.
Además, se efectuaron preguntas sobre 36 trámites que la población realiza diariamente en las instituciones públicas y privadas, así como los pagos o sobornos a funcionarios y a otras personas que intervienen en estos trámites.
Principales resultados
La corrupción se percibe como uno de los problemas que más preocupa a la población, cuando se le consulta sobre este tema.
Ante la pregunta ¿cuán grave cree usted que es la corrupción?, el 56 por ciento de las personas encuestadas respondieron que es muy grave, el 30,9 por ciento que es grave y solo el 5,6 por ciento dijeron que es poco grave.
No obstante, cuando se les preguntó sobre los cinco problemas más importantes del país, solo el 29,6 de las personas encuestadas respondieron que la corrupción, en contraste con el 70,6 por ciento que consideró a la seguridad ciudadana como el principal problema, el 37,7 por ciento opinó que la crisis económica y la pobreza y el 37,2 por ciento el desempleo.
El Dr. Poltronieri expresó que es natural esta situación en momentos de crisis socioeconómica, ya que la población visualiza los problemas que más les afecta en forma directa, como la falta de trabajo, la inseguridad, la pobreza y la inflación.
En cuanto al grado de tolerancia o rechazo respecto a 17 situaciones específicas de corrupción, la encuesta reveló que fotocopiar libros ocupa el primer lugar con un 61 por ciento de aceptación, seguido por comprar cassettes, CD y VHS pirateados, con un 36 por ciento.
Respecto al nivel de rechazo de actos de corrupción, llenar documentos con datos falsos ocupó el primer lugar (74,6 por ciento), quedarse con una billetera perdida que tiene los datos del dueño o dueña en segundo lugar (71,2 por ciento) y no declarar en la aduana para evitar el pago de impuestos en tercer lugar (70,6 por ciento).
El costo de la corrupción
Según el estudio, más de ¢6 mil millones fueron invertidos en el pago de 350.446 sobornos en 36 trámites considerados. Estos no incluyen las licitaciones ni las compras y contratos realizados por el Estado.
De dicho monto, ¢880,8 millones corresponden a los “biombos” o pagos ilegales para recibir un tratamiento médico o practicarse una operación en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 11.552 sobornos, seguidos por ¢716,2 millones en 40.431 sobornos a funcionarios/as para evitar el pago de multas de tránsito.
En términos porcentuales, el estudio mostró que obtener la licencia de conducir representa el 27,9 por ciento del total pagado en sobornos, realizar un “biombo” el 14,5 por ciento, recuperar un automóvil robado el 11,9 por ciento, arreglar con un funcionario multas de tránsito el 11,8 por ciento y sacar pasaporte el 8,9 por ciento.
En cuanto a la distribución de los sobornos pagados en la administración pública, estos recaen en primer lugar en los empleados públicos o privados, en segundo lugar en la policía civil o de tránsito y en tercer lugar en los llamados “gavilanes” o gestores, es decir, personas en general extrañas a la administración pública que facilitan la obtención de un servicio mediante un pago.
De acuerdo con la encuesta, recuperar un automóvil robado cuesta en promedio ¢250 000, conseguir un bono de vivienda ¢83 000, realizar un “biombo” en la CCSS ¢76 000, internarse en una clínica y hospital de esta misma institución ¢57 000 y tramitar la patente de un local u oficina cuesta alrededor de ¢33 000.
La encuesta también calculó el Índice de Corrupción (IC) y reveló que la zona urbana presenta un IC mayor que la rural. Por provincia, el IC se presenta más alto en Limón, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.
Las profesiones liberales, los patronos de empresa o comercio, las amas de casa y los empleados se distinguen como los grupos que mayormente recurren al soborno en los trámites. También el hombre se muestra más proclive al soborno que la mujer, lo mismo que las personas con edades que oscilan entre los 25 a 34 años.
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