La Universidad de Costa Rica solicitó públicamente al Poder Ejecutivo su inclusión y la de representantes de la sociedad civil organizada en la denominada “comisión mixta”, nombrada mediante decreto la semana anterior, que recomendará el estándar tecnológico que adoptaría el país en el campo de la televisión digital.
Según lo explicó la Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR, el nombramiento de esta comisión con participación de tres representantes del sector privado y del Dr. Rodrigo Arias Camacho, en calidad de Rector de la Universidad Estatal a Distancia, aunque deja su cargo el día de hoy, es una afrenta para la Institución, ya que se está obviando que la Universidad de Costa Rica es la entidad académica con más experiencia y mayores competencias en la materia.
La Rectora, lo mismo que la Licda. Guiselle Boza Solano, directora de las emisoras culturales de la UCR, manifestaron su desconfianza en el proceso, tanto en la conformación de la comisión que “evidentemente es antidemocrática y marca el norte de la discusión desde la perspectiva privada”, sino también porque la integración de dicha Comisión se hizo en el marco de un foro privado, que de antemano excluyó a muchos sectores, por su altísimo costo en dólares.
“Exigimos un debate abierto, público y transparente del proceso de digitalización, en la perspectiva de fortalecer el derecho a la comunicación de todos los y las habitantes de este país y en consecuencia de la libre expresión de las ideas”, sentenció la Dra. González.
La Universidad de Costa Rica puso este año en el tapete la discusión del espectro radioeléctrico del país, con la firme creencia de que la comunicación es un derecho de la ciudadanía costarricense y sustentada en más de 40 años de formar profesionales en comunicación, más 60 años de experiencia en radiodifusión y siendo la única universidad del país con un canal de televisión.
Asimismo, consciente de que la migración de la televisión analógica a la digital, tiene para los países implicaciones sociales de fondo, pues si bien puede ser una oportunidad para la democratización de las comunicaciones, en el sentido de darle voz a instancias y organizaciones locales que hasta ahora no la han tenido, o de procurar un cambio en los contenidos de la programación, también puede desembocar en modelos de comunicación más excluyentes, poco pluralistas y participativos, como ha ocurrido en países latinoamericanos como México, donde la definición se dio mediante una negociación parcial entre los empresarios y el gobierno.
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