“La violencia de la inequidad, de la injusticia social no se resuelve, obviamente, con la violencia represiva cuyos efectos se concentran en sectores subalternos previamente seleccionados. Frente a los que tienen mucho o los que tienen nada el control y la represión pueden resultar superfluos. A los primeros el poder les asegura un status especial de impunidad, a los otros al no tener nada, no tienen nada que perder”.
Estas afirmaciones las hizo el Dr. Fernando Cruz Castro, Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la conferencia de clausura del I Simposio Internacional Violencia y Sociedad, que se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica, del 1 al 4 de diciembre pasado.
El Dr. Cruz manifestó además que “en medio de este paroxismo punitivo se pueden tomar en consideración algunos principios que ponen una reducción y dosificación razonable de la violencia del Estado. En primer término se establece que las penas excesivas no disminuyen la criminalidad, éste es un presupuesto que asumo plenamente pues las evidencias que le dan sustento son abrumadoras, sin embargo en el inconsciente colectivo, en esta irracionalidad que nos asfixia, está muy arraigado la idea que penas crueles y desmedidas sí disminuye la criminalidad”
En este sentido el Dr. Cruz recordó que la mejor evidencia de lo afirmado es “la represión del narcotráfico o las políticas de mano dura contra las maras en Centroamérica, la violencia aunque sea la del Estado, no tiene efectos mágicos ni efectos automáticos”.
Para el abogado costarricense “la represión siempre es violenta, siempre tiene de alguna forma los efectos negativos que provoca la violencia”.
Asimismo el Dr. Cruz aseveró que la distribución desigual de los recursos afecta indudablemente el desarrollo de la delincuencia, “por esta razón la oferta de buenos trabajos con salarios justos, viviendas decentes, instalaciones recreativas para todos, así como una acción policial preventiva que no reprima selectivamente, que respete derechos individuales son las medidas que aseguran una política de control de la delincuencia y de seguridad ciudadana en la represión que no sea disfuncional e hipertrófica”.
Además, el experto costarricense afirmó que “las debilidades de una política social que responde a una orientación ideológica de reducción del Estado, de privatización, exaltación de valores individuales, las manos invisibles que resuelven las necesidades sociales, es parte de una violencia social solapada que en los discursos de seguridad ciudadana se ignoran.
“No es posible desconocer los problemas de seguridad que enfrentan los ciudadanos pero también es cierto que en estas exclusiones y omisiones, la violencia tiene diversos orígenes y se ignora su diversidad de rostros”, concluyó el profesional.