Cincuenta y cinco operadores de justicia de República Dominicana, entre ellos abogados, jueces, fiscales, defensores públicos y policías, están participando en el II Programa de Especialización en Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional, que se está ofreciendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Está a cargo de docentes de esa Facultad y de funcionarios del Poder Judicial y de la Escuela Judicial, y es organizado por estas entidades conjuntamente por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia de República Dominicana.
Este programa pretende complementar los conocimientos teóricos y prácticos de estos actores judiciales en el sistema procesal penal y en el proceso constitucional, así como conocer la experiencia costarricense en estas materias, con el fin de que se desarrollen las destrezas y habilidades en ambos procesos.
Entre los temas examinados en el campo del Derecho Procesal Constitucional figuran La inconstitucionalidad por omisión, Derechos sociales desde la óptica constitucional, La tutela de la autodeterminación informativa, Habeas Data, Constitución y sistema electoral y Jurisprudencia constitucional y proceso penal.
Por su parte, en el campo del Derecho Procesal Penal están La defensa penal, Importancia de la reforma procesal penal, La acusación en el proceso penal, El principio de oportunidad, La mediación penal, Valoración de la prueba, y Prueba ilegítima y causales de exclusión probatoria.
También se incluyen visitas a la Sala Constitucional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa y Salas de Casación Penal.
El primero de estos programas se llevó a cabo en febrero de este año y contó con la participación de 52 funcionarios judiciales dominicanos.
Este otro se organizó dado el éxito obtenido en esa primera experiencia y a las solicitudes formuladas por distintas instituciones y operadores de justicia de República Dominicana, así como a la propuesta de reforma a la Constitución y al Código Procesal Penal de ese país.
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