Si bien los derechos de los niños, niñas y adolescentes poco a poco han ido ganando terreno en la forma en que las instituciones y la legislación abordan el tema, los cambios no son suficientes para lograr que la sociedad reconozca a plenitud la ciudadanía de estos grupos de población.
Así lo advirtió el Lic. Rodolfo Vicente Salazar, consultor e investigador, quien ofreció una conferencia organizada por la Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia y el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según la profesora, M.Sc. Victoria González, esta actividad forma parte de un ciclo de cuatro conferencias denominado “Hacia una mejor comprensión de la niñez y la adolescencia en el marco de su ciudadanía: dimensiones jurídica, política, sociocultural y simbólica”, que tiene como objetivo visibilizar y posicionar el tema con mayor fuerza.
Para el conferencista, la visión jurídica tradicional concebía a los niños, niñas y adolescentes como personas carentes de ciudadanía y al Estado como un ente regulador y paternalista.
De acuerdo con este esquema, explicó Vicente, el Estado “despreciaba la voluntad de los niños y adolescentes”, y “si no se tiene voluntad, no se es sujeto de derecho, no se es persona, no se es ciudadano y no se tienen responsabilidades”.
En 1990, con la declaración de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, surgió un antes y un después en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.
Bajo este nuevo modelo, “las necesidades de los niños y las niñas se transformaron en derechos que no se regalan, se exigen”, manifestó el especialista. El Estado, por su parte, asumió un nuevo rol como encargado de fortalecer a la familia para que asuma sus responsabilidades, e interviene solo cuando esta falla.
“La doctrina de la protección integral de derechos reconoce a los niños y niñas como ciudadanos que tienen un yo social, con una identidad de sujetos sociales plenos de derechos”, amplió el jurista.
En Costa Rica, estos principios se materializan en una serie de instrumentos jurídicos, tales como las convenciones, el Código de la Niñez y la Adolescencia y 60 leyes nuevas. Además, existen políticas públicas en este campo a escala nacional, regional y local.
Sin embargo, en la práctica aún existen algunas concepciones y prácticas que deben superarse, y pasar de la exclusión y el riesgo a la integración activa y la inclusión de niños y adolescentes.
“Estamos en un proceso de contradicciones. Es necesario romper la visión tradicional que prioriza las necesidades insatisfechas de los niños, niñas y adolescentes, tales como techo, alimentación y educación, e incorporar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales”, enfatizó el especialista.
El reconocimiento de los derechos de la población infantil y adolescente es un movimiento bastante joven que surgió en Latinoamérica. La población infantil y adolescente fue la última en adquirir sus derechos y, por ende, en alcanzar el estatus jurídico de ciudadanos con derechos, capacidades y responsabilidades, recordó el Lic. Vicente.
Existen tres niveles de derechos que los protegen: en un primer nivel se encuentran los derechos fundamentales, en un segundo nivel los derechos preventivos y en un tercer nivel los derechos adicionales, que se aplican cuando hay población menor de edad en situación de vulnerabilidad.
El Lic. Vicente opinó que en nuestro país se requieren instituciones que acompañen a las familias, ya que la familia es un derecho fundamental de los niños para recibir afecto, sin importar el tipo y características que esta tenga.
© 2024 Universidad de Costa Rica - Tel. 2511-4000. Aviso Legal. Última actualización: noviembre, 2024