Un grupo interdisciplinario de profesionales denominado “Un llamado urgente por el país” después de analizar el proyecto de minería química en la zona Norte “Las Crucitas” dieron a conocer en conferencia de prensa que es urgente una moratoria vía decreto ejecutivo para la minería química.
El Dr. Jorge Lobo Segura, biólogo de la Universidad de Costa Rica explicó que los posibles efectos al inicio, durante y después de la realización del proyecto de minería química en la Zona Norte del país podrían ser catastróficos.
Mencionó por ejemplo la destrucción de más de 190 hectáreas del suelo de bosques y quebradas y daños en la calidad del agua, entre muchos otros efectos.
Aseguró que en el área donde se pretende desarrollar este proyecto hay 25 especies árboles en vías de extinción, algunas endémicas, como en el caso del “Tostado”, del cual no se conoce mucho sobre su biología, lo que limita la reforestación de esta especie.
El biólogo afirmó además que la zona de las “Crucitas” es un área de anidación y paso para la especie en vías de extinción lapa verde.
Entre los factores ambientales que limitan la actividad minera en la zona del desarrollo de las Crucitas, Allan Astorga, geólogo de la UCR explicó que Costa Rica está en una de las zonas más lluviosas del mundo, y que además su terreno cuenta con rocas volcánicas o porosas, lo que propicia abundancia de mantos acuíferos, los cuales generalmente se encuentran bajo los terrenos en los que es posible la extracción de minerales.
Astorga recordó que los efectos de los huracanes y las tormentas tropicales en territorio nacional son frecuentes, y con el cambio climático se espera que la vulnerabilidad crezca paulatinamente. Estos factores aumentan los riegos de una recarga hídrica o rupturas en el embalse, lo que podría tener serias repercusiones.
Otro punto señalado por los expertos es que a partir de los permisos que se le han brindado a Infinito SA para realizar sus labores, se han abierto una serie de solicitudes para iniciar exploración minera en el país
A la fecha el grupo “Llamado urgente por el país” ha presentado recursos de Amparo ante la viabilidad ambiental del proyecto y la declaratoria de interés nacional.
Debilidades en regulación
Según el estudio realizado por “Un llamado urgente por el país”, Costa Rica muestra severas debilidades en lo que respecta a la legislación. Por ejemplo expuso que el Código Minero, creado en 1982, está muy desactualizado. Además, las leyes ambientales establecidas a lo largo de los años 90, en relación con el código previamente mencionado sufren una desarticulación e incluso contradicciones entre sí.
En lo referente a las instituciones a cargo de los procedimientos, tal como Astorga explicó, entidades como la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) cuentan con personal limitado para la carga de trabajo que deben sobrellevar. Estimó que en menos de un año esta entidad ha cambiado más del 80% de su personal.
Por otra parte, el impuesto a la minería es inferior al 2%, esto, según el geólogo Astorga, porque el código fue creado con miras a atraer la inversión en el país, sin considerar beneficios directos para Costa Rica. Mientras que la Garantía Ambiental es insuficiente cuando se compara con las magnitudes de los proyectos; en el caso del proyecto Crucitas se estima que los costos de la inversión rondan los $800 millones en tanto que la garantía ambiental andaría por la suma de $600 mil, lo que, según los expertos, ni siquiera cubre los gastos de reforestación.
Al respecto, los especialistas aconsejan que el gobierno establezca períodos para modernizar los procesos y las leyes relacionados con los permisos ambientales, y abrir los espacios de discusión para exponer las consecuencias de este tipo de actividades.
Cercanía con el Río San Juan
La ubicación del proyecto “Las Crucitas” por sí misma implica un problema para el país. Este proyecto de minería química a cielo abierto se pretende desarrollar en una microcuenca que drenaría al río San Juan, en el que según el geólogo Allan Astorga el informe del impacto ambiental del proyecto asegura que las aguas llegarían hasta el río San Juan en un período aproximado de 90 minutos, lo que implica también que si hubiese contaminación, esos materiales llegarían en el mismo período hasta el río.
El experto en derecho ambiental explicó que por su cercanía con Nicaragua se debería de implicar a la evaluación del impacto ambiental al gobierno ese país para poder tomar medidas compartidas.
El grupo “Llamado urgente por el país”, es una unión de profesionales provenientes de distintas áreas profesionales tales como biología, derecho ambiental, geografía y geología provenientes de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, en alianza con Organizaciones No Gubernamentales tales como el Centro Científico de Tropical. La decisión de trabajar en conjunto nació por la rapidez con la que le Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprueba proyectos de alto calibre sin ser evaluados de una manera óptima. Esto en adición a la necesidad de audiencias públicas y la consulta a las universidades. En segundo lugar como profesionales de universidades estatales, uno de sus objetivos es reforzar su presencia ante el Consejo Nacional de Rectores. Además pretenden brindar apoyo a comunidades con riesgos ambientales por medio de la instrucción técnica. |
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