Además de estar viciado de inconstitucionalidad, el Decreto Nº 34801-MINAET en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto Minero Las Crucitas, abre un peligroso portillo, dado que cualquiera otra actividad similar puede ser declarada de conveniencia nacional, aunque conlleve serios riesgos ambientales.
Así se evidenció en un conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en torno al tema ¿El Derecho Ambiental sirve de algo: Las Crucitas?
Contó con la participación del Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, catedrático en Derecho Administrativo y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; el Lic. José María Villalta, asesor parlamentario especialista en Derecho Ambiental y director del programa “Era Verde” de Canal 15 de televisión, y el Dr. Freddy Pacheco, biólogo y catedrático en Impacto Ambiental de la Universidad Nacional.
Según dijo el Dr. Jorge Enrique Romero, la única posibilidad que existe de examinar y tratar temas como el de Las Crucitas, es en espacios pequeños como estos, pues a los grandes medios de comunicación nacional no les interesa divulgarlos. “Ellos dicen solo lo que quieren y manipulan la información”.
También hizo alusión a una serie de procedimientos violatorios que se están dando en el país y que se ajustan según las conveniencias como ocurre en el caso de las suspensiones, las cuales aplican para todas las acciones y no para una en particular.
En este sentido, señaló que el decreto firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) sobre el proyecto minero Las Crucitas, evidentemente es inconstitucional por carecer de fundamentación técnica y jurídica, lo cual lo motivó a presentar un recurso de insconstitucionalidad ante la Sala Constitucional (Sala IV).
Por su parte, el Lic. José María Villalta señaló que la historia de Las Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos en una zona muy cercana al Río San Juan, inició en el año 1993 cuando la empresa canadiense Placer Dome Incorporated solicitó el permiso de explotación, lo que provocó una serie de reacciones adversas y su rechazo. Dicha empresa la vende a otra compañía canadiense más pequeña, y esta a su vez, en 1998, a la actual propietaria Vanesa Ventures, de la cual es subsidiaria Industrias Infinito S.A.
Añadió que la minería metálica a cielo abierto es de las actividades mineras que provocan mayor impacto ambiental, porque implica el movimiento de grandes cantidades de tierra y la remoción de toda la cobertura vegetal, además del empleo de cianuro.
Roces legales
El Lic. Villalta también citó una serie de ilegalidades y roces constitucionales que se han dado, desde que en el año 2002 el gobierno de Costa Rica le otorga la concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A.
Entre otras mencionó el derecho de explotación que se le concede a dicha empresa sin haber presentado los estudios de impacto ambiental, lo que provocó el rechazo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la anulación de la concesión por parte de la Sala Constitucional. Estos hechos motivaron la amenaza de la empresa canadiense de llevar a Costa Rica a un arbitraje internacional, la cual finalmente se concreta en el 2005, y de la que no hay mayores noticias.
Villalta mencionó que en caso de hacerse efectivo dicho arbitraje nuestro país no tendría ningún margen de negociación por ser juicios muy desiguales, sumamente onerosos por realizarse en Washington, con árbitros que funcionan como jueces privados.
Otro hecho citado por él, es el cambio en el sistema de explotación de la mina realizado por la empresa, la cual pretende explotar también el oro que está en la roca dura a mayor profundidad, lo que implicaría el uso de explosivos, con la consecuente contaminación de lo cuerpos de agua que hay en Las Crucitas.
En su opinión, aunque Industrias Infinito tenga la autorización de Setena y el respaldo del decreto del Minaet, se debe considerar lo que establece la Ley Forestal con respecto a las áreas de protección acuífera y boscosa. Además de que considera que este proyecto no cumple con el principio de conveniencia nacional. De modo que para Villalta dicho decreto responde más a presiones de índole internacional que a acciones del Estado.
Solo un caso
El Dr. Freddy Pacheco apuntó que en todo esto hay una situación muy preocupante y es una noticia que publicó el periódico La República el 30 de octubre de este año, en donde se informa que en poco más de tres meses la Dirección de Geología y Minas del Minaet ha recibido más de 200 solicitudes de concesión para la exploración y explotación de oro, plata y otros recursos minerales en nuestro territorio, que no cuentan con la viabilidad ambiental previa.
De manera que si bien es importante valorar el proyecto Las Crucitas, este es solo un caso, hay muchos otros a los que se debe prestar atención como el proyecto del Embalse La Cueva, que está promoviendo la diputada Mauren Ballestero.
También comentó que habrá que esperar la resolución de la Sala IV con respecto a la acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Minaet, así como la reacción de la compañía Industrias Infinito S.A.
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