Con el fin de conocer de forma exhaustiva la situación de este grupo etario y proporcionar al país insumos para atender de forma adecuada las consecuencias que implicará el proceso de envejecimiento poblacional, la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), elaboraron el 1º Informe de Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica.
Según explicaron la Dra. Xinia Fernández Rojas y el Dr. Arodys Robles Soto, investigadores del Centro Centroamericano de Población (CCP) de la UCR y coordinadores del ESPAM, este informe presentado el día de hoy, fue concebido sobre la necesidad de comprender que la situación actual de las personas adultas mayores está vinculada a la realidad que deberán enfrentar las generaciones que ya forman parte de la población del país.
Para su realización hicieron un esfuerzo conjunto el Centro Centroamericano de Población, la Escuela de Nutrición, el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM) de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo del CONAPAM.
Entre los temas analizados se encuentran envejecimiento demográfico y desarrollo, quiénes son y dónde están las personas adultas mayores, aportes desde la cotidianidad, seguridad económica, redes de apoyo social, estado de salud, uso y acceso a los servicios de salud, oportunidades de participación, legislación, necesidades de protección y maltrato y negligencia. Tanto los temas desarrollados como sus enfoques, fueron validados con diversos grupos de expertos, quienes participaron en diez talleres realizados entre mayo del 2007 y agosto del 2008.
Paralela a la elaboración del documento, la UCR y el CONAPAM iniciaron una campaña en los medios de comunicación nacionales, dirigida a concienciar a todos los estratos de la población, sobre la importancia de tomar medidas para construir un envejecimiento con bienestar.
Proceso de envejecimiento inédito
Una de las principales conclusiones de este 1º Informe indica que en los próximos 20 años, Costa Rica se enfrentará a un proceso de envejecimiento en el cual la población de personas de 65 años y más, pasará de 278 mil a más de 600 mil y la población de 80 años se duplicará, sumando 121 mil personas.
La velocidad en la que se prevé se dará este envejecimiento poblacional hace que el proceso sea inédito, por cuanto en los países desarrollados este incremento se dio en un lapso de 70 años, lo que permitió a esas sociedades y a las familias, contar con un período de adaptación, en el cual además su Producto Interno Bruto se multiplicó por tres o por cuatro.
En el país, por cada 100 personas en edad de trabajar, 48 son dependientes, lo que implica beneficios para la sociedad porque la base de contribuyentes es grande. No obstante esta relación de dependencia está empezando a cambiar debido al descenso en el número de hijos que tienen las mujeres y al aumento en la esperanza de vida que se vienen dando desde hace algunos años.
A juicio de Fernández y Robles, esto obliga al Estado, a las personas y las familias a tomar previsiones a largo plazo. Entre otras, se requiere de un conjunto de políticas públicas relacionadas con la solidez de los sistemas de pensiones, mercados de capitales que posibiliten el ahorro y programas de vivienda o de mercado de bienes raíces, que no discriminen a los pequeños ahorrantes.
Población adulta mayor
Entretanto, para 278 mil personas la edad adulta mayor llegó y conforman el 6% de la población total del país, de las cuales un 25% se concentra en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados y Cartago.
En unos 230 mil hogares, un 19% del total, vive una persona adulta mayor. En estos hogares la incidencia de la pobreza es mayor pero, tal como explica el informe, no se debe exclusivamente a la presencia de adultos mayores sino a la vinculación de esos hogares con el mercado laboral.
Las personas mayores que se mantienen laboralmente activos o activas, constituyen un 11,2% y se encuentran en un mercado laboral fragmentado en dos grupos: quienes trabajan formalmente y mantienen ingresos de una pensión contributiva o quienes no han tenido acceso a seguro de pensión y se ven forzados a trabajar en actividades informales o agrícolas.
La mayoría, sin embargo, se encuentra inactiva y se divide en tres grupos: un 22% que no cuenta con ingresos, un 22,5% que recibe ayuda de terceras personas y un 41% que posee ingresos de pensiones contributivas o riqueza propia. La seguridad económica es menor para las mujeres.
El informe evidencia que es necesario planificar el retiro en la vejez, con algún grado de estabilidad económica. En la actualidad la mayoría de esta población no recibe una pensión contributiva, lo cual es una desventaja con respecto al riesgo de pobreza.
Actualmente la población económicamente activa está conformada por un millón 86 mil personas de las cuales cerca de 900 mil son asalariadas, 153 mil trabajan por cuenta propia y 31 mil se hallan aseguradas por convenios especiales, lo que implica que solo un 53,6% está cubierto por algún régimen de pensión.
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