“Lo que nosotros tenemos es un Estado desorganizado pretendiendo enfrentarse contra la criminalidad muy bien organizada, eso es lo que le está pasando al país y es lo que nos va a matar”, con estas palabras, el Fiscal General de la República Francisco Dall`Anesse resume la situación en que se encuentra Costa Rica en materia de crimen organizado.
Para el fiscal, el país se encuentra en un estado de negación y adormecimiento, porque no se han querido ver las dimensiones del crimen organizado que opera a lo largo y ancho del territorio nacional desde hace más de 20 años.
Según el Fiscal General, actualmente existen en el país gran variedad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, al trasiego de armas, al robo de vehículos, a realizar secuestros millonarios y al sicariato. Pero también hay organizaciones operando todos los días, dedicadas a estafar, a la explotación sexual, a traficar y a esclavizar personas y al blanqueado de dinero.
Al respecto, el Lic. Mauricio Boraschi Hernández, Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) agregó que las organizaciones criminales tienen la capacidad de cambiar de actividad y diversificar el producto con gran facilidad y eficiencia, por ejemplo combinan el tráfico de drogas, con el tráfico de personas, el sicariato y el blanqueado de dinero.
Para sus propósitos criminales, Costa Rica resulta un país con una posición geográfica clave que funciona como conexión entre países consumidores y países productores de droga por lo que el trasiego se da de sur a norte y de norte a sur.
David contra Goliat
El poder económico, tecnológico y operativo de las organizaciones criminales trasciende los límites de la eficiencia, mientras que las autoridades encargadas de combatirlas se enfrentan a grandes dificultades para hacer su trabajo. En esto coinciden el Fiscal General de la República Francisco Dall`Anesse y el Lic. Mauricio Boraschi Hernández, Director del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Al respecto, Boraschi manifestó que para las organizaciones criminales no existen fronteras, porque cuentan con equipos de telecomunicación de alta tecnología, así como medios de trasporte rápido y submarino para trasladar sus mercancías entre países y continentes.
Para combatir a estas organizaciones, las autoridades costarricenses sólo cuentan con dos patrulleras modelo 67, carecen de un centro de intervención de comunicaciones para rastrear las llamadas, y tampoco tienen un sistema de información policial donde se registre, se procese y se comparta la información que necesitan los diferentes cuerpos policiales en las investigaciones.
Más allá de las actividades ilícitas, Dall`Anesse apunta que el gran peligro para el país es que las estructuras criminales acumulan en la cúspide una enorme cantidad de dinero que luego tienen que blanquear y para ello se valen de la corrupción. “Eso va a servir para pagar sobornos, para pagar políticos y vamos a terminar con la pérdida del Estado de derecho de la democracia y vamos a terminar en manos de las organizaciones criminales”.
Proyecto de ley
Ante la situación que enfrenta el país en materia de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo presentó en marzo de este año el proyecto de ley denominado Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana, ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
Este proyecto que actualmente se encuentra en proceso integra diversas iniciativas de ley dirigidas a fortalecer la lucha contra la criminalidad que se habían presentado anteriormente a la corriente legislativa, entre ellos, la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
En esta iniciativa se contempla más de 60 artículos entre los que destacan la creación de un centro de intervención de comunicaciones y de una plataforma de investigación policial. Establecería la obligación de que toda persona que aparezca con grandes recursos de la noche a la mañana tenga que rendir cuentas sobre el origen de los mismos. Además permitiría que los fondos y bienes decomisados a las organizaciones criminales pasen al Instituto Costarricense sobre Drogas para que los administre y se utilicen en la lucha contra el crimen organizado, entre otras propuestas.
Sobre el tema financiero, el Lic. Mauricio Boraschi manifestó que “el éxito en la lucha contra el crimen organizado lo va a tener el Estado costarricense cuando sea capaz de desarticular financieramente a estas organizaciones”
Respecto a esta iniciativa, Dall`Anesse enfatizó que con la ley no se le estaría dando al Ministerio Público y a la policía más poder de que tiene, sino las herramientas necesarias para enfrentar a estas grandes organizaciones. Por lo cual, se establece que un juez debe autorizar al fiscal del Ministerio Público para aplicar los procedimientos diferenciados en cada caso. Esto con el fin de garantizar la trasparencia en la aplicación de la ley.
Los dos especialistas y autoridades nacionales desarrollaron este tema en la mesa redonda Estado de derecho y ley contra el crimen organizado, que programó la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Asociación de Estudiantes de Derecho.
La actividad se realizó el 30 de setiembre en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UCR y contó con la participación Luis Antonio Barrantes, Diputado del Movimiento Libertario y Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa y Patricio Morera Víquez, estudiante de Derecho, como moderador.
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