Prevén dificultades para aplicar ley sobre violencia contra las mujeres

La Licda. Silvia Mesa expone sobre los retos que plantea la aplicación de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. A su lado: la Dra. Irene Brenes, Dra. Montserrat Sagot y M.Sc. Xinia Fernández. (Foto Mónica Bolaños)

Si bien admiten un avance del país en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, especialistas en el tema prevén obstáculos en el camino para la aplicación de la Ley de la penalización de la violencia contra las mujeres en Costa Rica, aprobada en abril del año pasado.

En una mesa redonda organizada por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en la que se analizó el impacto de esta ley en la erradicación de la violencia por razones de género, expertas coincidieron en que el gran desafío es lograr que este nuevo instrumento jurídico promueva los cambios necesarios en las instituciones del Estado para la atención urgente de este flagelo.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el 2007 ocurrieron 16 femicidios, cifra que disminuyó considerablemente respecto al 2006, que registró 35 casos. En lo que va del 2008 han muerto dos mujeres por esta causa.

La Licda. Sylvia Mesa Peluffo, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), indicó que Costa Rica se convirtió en el segundo país en contar con una ley que penaliza la violencia contra las mujeres y que establece el delito del femicidio, que es la muerte de una mujer en manos de su marido o compañero.

Aseguró que a pesar de que el Estado se compromete en dicha ley a proteger los derechos humanos de la población femenina, se “corre el riesgo de que estos delitos no lleguen a juicio” ante la falta de una política de intervención de la Fiscalía General de la República.

“Hay dificultades en la aplicación de la ley, ya que se están estableciendo requisitos desde el Poder Judicial que esta ley no establece”, advirtió Mesa.

Después de un largo proceso de casi ocho años de mucha polémica, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la penalización de la violencia contra las mujeres en medio de una coyuntura lamentable por el asesinato de cuatro mujeres en un período de cuatro días.

La propuesta fue impulsada por organizaciones de mujeres y el movimiento feminista. La ley fue aprobada cinco veces en primer debate y enviada a consulta a la Sala Constitucional, que le encontró roces con la Constitución.

La Escuela de Trabajo Social organizó una mesa redonda para analizar la perspectiva de género en las políticas públicas del país. (Foto Mónica Bolaños)

Mesa dijo que uno de los requerimientos para la puesta en práctica de este instrumento legal es la capacitación de funcionarios y funcionarias públicas, tarea en la que el INAMU ha empezado a trabajar con los cuerpos policiales.

Paralelamente, se considera necesario dar a conocer la ley entre todas las mujeres, mediante versiones populares, ya que existe mucho desconocimiento acerca de su contenido y alcance.

Un problema de poder

De acuerdo con la socióloga e investigadora Dra. Montserrat Sagot, desde la década de los años 70 el movimiento feminista ha tratado de poner en la palestra el tema de la violencia contra las mujeres, explicándolo como “un problema de poder”.

Según Sagot, “la violencia está relacionada con la posición de subordinación que ocupan las mujeres en la sociedad y con la estructura social de inequidad y opresión que estas sufren”.

Por esa razón, al hablar sobre el tema, las teóricas feministas han hecho una crítica al sistema patriarcal y han planteado que la erradicación de este mal social implicaría necesariamente cambios en las relaciones de poder.

Sagot abogó porque las políticas públicas tomen en cuenta las particularidades y necesidades de la población femenina. “No se puede hablar de política sociales sin hablar de ciudadanía activa de las mujeres”, indicó, que involucra cuatro aspectos: intimidad o ámbito del cuerpo, ámbito del hogar, de la comunidad y del país.

Por su parte, la profesora de la Escuela de Trabajo Social, Dra. Irene Brenes Solórzano, destacó que la situación de desigualdad que viven las mujeres debe ser tomada en cuenta en el diseño de las políticas públicas y la gestión.

Esta condición de inequidad no se expresa en la formalidad de la ley, sino en la manera en que la legislación se aplica, acotó.