Universidad de Costa Rica
En defensa de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra que le otorgan los artículos 84 y 87 de la Constitución Política de la República, la Universidad de Costa Rica continuará con su labor de generar conocimiento con visión interdisciplinaria, crítica y ética, de divulgarlo a la ciudadanía y de participar en el debate de temas de interés nacional.
En este planteamiento coinciden tanto la Rectoría como el Consejo Universitario y la mayoría de las autoridades de la Institución que participaron en un Consejo de Rectoría Ampliado este 25 de julio, ante la Resolución 1617-E-2007 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que en días pasados puso en entredicho estos dos principios constitucionales que amparan no solo a la Universidad de Costa Rica, sino a las otras universidades públicas del país.
Según lo manifestó la Dra. Yamileth González García, Rectora de la UCR, esta resolución emitida de forma oficiosa por el TSE y expresamente para la Universidad de Costa Rica, ha sido recibida por la comunidad universitaria como un irrespeto por parte del TSE, pues el mencionado documento levanta dudas contra la Institución cuando señala que, la autonomía definida constitucionalmente, no puede “servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de los recursos públicos”.
Agregó que, aunque ante algunos medios de prensa el mismo Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, ha manifestado que la mencionada resolución ha sido malinterpretada, la forma en que está escrita permite deducir acusaciones veladas a la Institución, sin que existan hechos concretos probados.
La Rectora acotó que además la prohibición expresa de no permitir la realización en sus auditorios “de conferencias que conlleven, tendenciosamente, a fines propagandísticos a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates, que sirvan exclusivamente para informar del tema”, lesionan directamente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, esencia de la academia.
A juicio de la Rectora, no puede haber mayor agresión a la autonomía y a la libertad de expresión en la Universidad que utilizar la palabra “tendencioso”, ya que ésta puede ser la excusa perfecta para acallar a aquellos académicos que deseen pronunciarse desde su disciplina, ahora sobre el TLC y en el futuro sobre cualquier otro tema de trascendencia nacional, independientemente de su postura.
“Lo que defendemos en la Universidad de Costa Rica -dijo- es que pensar diferente no implica ser tendencioso y que debatir ideas no puede ser calificado como propagandístico, por lo que ninguna institución, ni persona, tiene derecho a sugerir un uso inadecuado de los recursos públicos por parte de la Institución”.
En este sentido la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, directora del Consejo Universitario, acotó que desde que el TSE emitió esa resolución en la UCR se ha producido un clima de inestabilidad que jamás se había visto, por temor a que manifestaciones a favor o en contra del TLC puedan ser interpretadas como tendenciosas o propagandísticas. “Cuando un Tribunal Supremo de Elecciones crea esas condiciones de precaución en una Universidad cuyo fundamento es la libertad de pensamiento, se ataca no solo a la UCR, sino la esencia misma de lo que debe ser una Universidad”, sentenció.
Tanto la Rectora como la Directora del Consejo Universitario, coincidieron en que la Universidad de Costa Rica continuará realizando la labor que constitucionalmente se le ha encomendado, respetando como entidad pública lo estipulado en la Resolución 1119-E-2007 del TSE, que señala que los funcionarios públicos pueden emitir criterios explícitos y participar en disertaciones o campañas a favor o en contra del TLC, salvo con la prohibición clara de no utilizar recursos públicos que favorezcan a una tendencia u a otra, situación que no se ha dado ni se dará en la Universidad de Costa Rica, ni en sus medios de comunicación.
Lo que sí se ha hecho es destinar recursos para hacer investigaciones y estudios que le permitan a los grupos más vulnerables de la sociedad costarricense, como lo establece el Estatuto Orgánico, una definición crítica, consciente e informada, a la hora de emitir su voto en el Referéndum del próximo 7 de octubre.
En representación del pleno de las autoridades universitarias, el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, manifestó su apoyo a la Rectoría y al Consejo Universitario en lo actuado, pues el grupo comparte la posición de la Universidad de ofrecerle a la sociedad costarricense documentos producto de la reflexión y de la investigación científica.
A su juicio esto no es una casualidad sino un mandato de la Constitución Política que faculta a la UCR como instancia independiente de los poderes de la República, a ofrecerle a la sociedad costarricense el mejor de los conocimientos y a formar profesionales críticos mediante la libertad de cátedra y el debate abierto de ideas.
Gutiérrez enfatizó que, si el artículo 88 de la misma Constitución Política le exige a la Asamblea Legislativa pedirle opinión a la UCR sobre asuntos que a esta le competen y lo hizo con respecto al TLC, ¿cómo es que ahora la UCR no puede tener una posición con respecto al tema? y ¿por qué ahora la Institución no puede divulgar el resultado de esa reflexión sobre el TLC?
El Dr. Gutiérrez reafirmó ante la comunidad nacional el contenido esencial del principio constitucional de la autonomía universitaria, con el fin de que las universidades públicas puedan seguir sirviéndole a la sociedad, ofreciéndole lo mejor de su pensamiento.
La Dra. González, la Dra. Sagot y el Dr. Gutiérrez dejaron claro su respeto a la institucionalidad pública del país y al TSE, pero exigieron que de la misma manera el Tribunal Supremo de Elecciones respete la institucionalidad de la Universidad. En su opinión, dado que la Resolución 1617-E-2007 crea jurisprudencia, si está mal escrita y crea confusión, lo más oportuno sería que el TSE generara una enmienda pública a la misma resolución.
Ante los rumores que se han manejado dentro y fuera de la UCR, la Rectora hizo un llamado a que las personas de ambos bandos que se sientan irrespetadas por parte de algún académico que esté usando los recursos de la Universidad para adoctrinamiento a favor o en contra del TLC, hagan denuncias concretas, pues esa es la única forma de tomar medidas correctivas y de acabar con las especulaciones y las sospechas que recaen y afectan a la Universidad.