Universidad revela roces constitucionales del TLC

El Dr. Manuel María Murillo fue el coordinador de la comisión que analizó los roces constitucionales del TLC.

En un Consejo de Rectoría ampliado, la Universidad de Costa Rica presentó la tarde del jueves 12 de abril, un informe sobre los “Roces constitucionales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC)”.

Una subcomisión integrada por especialistas del derecho y las ciencias sociales constató que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica contiene importantes roces constitucionales que atentan contra el marco institucional y legal costarricense, el estado de derecho y la soberanía nacional.

Dicha comisión analizó diez roces constitucionales por el fondo y siete roces por procedimiento, entre ellos: el Capítulo 19 sobre la Administración del Tratado por las funciones conferidas a la Comisión de Libre Comercio, el capítulo 10 sobre Inversiones, el 2.1 sobre Inversión Cubierta por el arbitraje obligatorio entre inversionistas extranjeros y el Estado y del Capítulo 15 por crear una situación de incapacidad fáctica del Estado costarricense para satisfacer el derecho a la salud.

Una de las principales violaciones constitucionales que implica el Tratado del Libre Comercio resulta de las funciones que el TLC confiere a la Comisión de Comercio Exterior, entre ellas, la interpretación y aplicación del tratado cuyas modificaciones resultan vinculantes u obligatorias. Se otorga a la Comisión de Comercio Exterior atribuciones que competen al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa en cuanto a la celebración y aprobación de tratados internacionales.

Además se determinó que la obligación de certificar el tratado “es inaceptable desde el punto de vista constitucional” enfatizó el Dr. Luis Baudrit Carrillo, ya que una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, la entrada en vigor del TLC queda supeditada a la certificación del Presidente de los Estados Unidos.

Los integrantes de la comisión expusieron las diversas perspectivas de la inconstitucionalidad del TLC ante las autoridades universitarias.

El especialista además señaló que el tratado impone arbitrariamente a los países la obligación de modificar leyes y hacer reformas que violan la soberanía nacional con el único fin de satisfacer los requerimientos impuestos por los Estados Unidos. Esta disposición, dijo Baudrit, resulta contradictoria, pues de todas formas, al estar el tratado por sobre las leyes, reglamentos y decretos del país, estas últimas quedan automáticamente sin validez por ser de menor rango.

El análisis exhaustivo del texto además incluyó el Capítulo 9 del TLC sobre “Contratación Pública”, el Capítulo 16 respecto a la definición de legislación laboral, el Capítulo 12 en lo concerniente a compromisos de Costa Rica en materia de Seguros, el Capítulo 17 por sobreponer la esfera comercial sobre la legislación ambiental y limitar la autonomía municipal.

Además se encontraron vicios de inconstitucionalidad en materia de subsidios de productos agrícolas, en el Anexo 13 sobre Compromisos de Costa Rica en materia de Servicios de Telecomunicaciones y en el Anexo 2.1 referido al territorio.

El documento preparado por la Subcomisión sobre roces constitucionales del TLC será distribuido próximamente en los centros de estudio, instituciones y agrupaciones de industriales, así como a los diputados de la Asamblea Legislativa, al igual que anteriores análisis realizados por las comisiones convocadas por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.

Esta comisión fue coordinada por el Dr. Manuel María Murillo e integrada por los doctores Margarita Bolaños, Manuel Enrique Jiménez, Bernal Arias, Rafael González Ballar y Luis Baudrit, así como por los licenciados Juan José Sobrado, Germán Serrano Pinto y Juan Manuel Villasuso.