Universidad de Costa Rica
Un nuevo modelo de indicadores analógicos comparativos de construcción y transformación institucional se propone en el primer Informe Jurídico e Institucional de Gobernabilidad, presentado recientemente por el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y realizado por el proyecto Observatorio Centroamericano.
El director de este instituto y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Dr. Jaime Ordóñez Chacón, explicó que en la investigación participaron 125 investigadores y nueve instituciones académicas de la región centroamericana.
El Informe consta de 4.877 páginas y cinco volúmenes, uno por cada país, correspondientes a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
El jurista y coordinador del proyecto destacó el empleo de un mismo marco académico y de una misma metodología, a partir de la construcción de 99 variables y 475 indicadores de gobernabilidad que sirvieran como un lenguaje común para los cinco países del istmo.
El proyecto se inició en el 2001, mediante un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Punto de partida
En su exposición acerca de los antecedentes del proyecto, Ordoñez afirmó que este partió de la hipótesis de que la región en materia de reforma de las instituciones había sufrido en las últimas décadas “la trampa de los indicadores empíricos o inductivos de medición social”.
Un 91% de estos indicadores eran de carácter empírico y solo servían para evaluar la democracia, pero no para realizar reformas al sistema democrático.
Por otro lado, expuso el académico, en materia de construcción de la democracia la región experimentaba un proceso de consolidación de las democracias electorales, y en el caso de Costa Rica, con una tradición democrática más extensa, se presentaba un debilitamiento y una disolución de las estructuras políticas.
Sin embargo, en el tema de estado de derecho, la región presentaba un panorama muy desolador en cuanto al cumplimiento de algunos requisitos mínimos de funcionamiento del Estado, entre estos el régimen jurídico, régimen institucional, sistema de controles en la administración pública, transparencia ciudadana y procesos de descentralización y desconcentración.
Frente a esta situación, agregó Ordóñez, el proyecto propuso un nuevo modelo de indicadores de construcción y transformación institucional, paralelo a los indicadores explicativos existentes, que diera como resultado la elaboración de un informe centroamericano de gobernabilidad.
Fue así como el grupo de juristas formuló un conjunto de indicadores que respondieran a las mejores prácticas internacionales referentes a la reforma del Estado, los cuales se dividen en cinco categorías: régimen de eficacia del Estado; sistema electoral, representación política y participación ciudadana; hacienda pública, finanzas y políticas fiscales; inversión pública y descentralización.
Balance regional
El director del proyecto narró que en el 2001 los investigadores hicieron el siguiente balance en la región: “Se había dado un golpe de Estado técnico: 123 casos de corrupción en la administración pública documentados y procesados por los Tribunales de Justicia, la salida de un gobernante, 93 casos documentados de influencia o manipulación directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial o los Tribunales de Cuenta, seis expresidentes o miembros de los poderes constitucionales procesados penalmente, entre 3% y 22% de los presupuestos nacionales no controlados por los Tribunales de Cuenta y otros mecanismos de control y auditoría”.
Asimismo, algunos países carecían de una normativa básica. Por ejemplo, en tres de los países no existe Ley General de la Administración Pública, en cuatro países no hay Ley de ilícitos financieros y en los cinco países no existían algunas figuras básicas como el hábeas data, recurso constitucional que garantiza el acceso de documentos públicos por parte de la ciudadanía.
Ordóñez también mencionó otros problemas encontrados: el bajo porcentaje de las tasas de recaudación tributaria, que apenas alcanzaba el 11, 8% del Producto Interno Bruto (PIB), como promedio regional, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) este porcentaje alcanzaba el 35,5% del PIB.
Igualmente, detectaron una profunda confusión acerca de las diferencias técnicas entre descentralización y desconcentración y una contradicción en la evaluación de la democracia por un lado, y de las instituciones por el otro.
“Mientras la mayoría de habitantes de América Latina mostraba un amplio apoyo a la democracia como sistema de gobierno (alrededor de un 60%), el apoyo a los rendimientos de las instituciones democráticas no sobrepasaba el 30%”, dijo el abogado.
Informe polémico
El periodista Lic. Eduardo Ulibarri Bilbao, profesor de la Universidad de Costa Rica y exdirector de La Nación, en su comentario acerca del Informe lo calificó como un trabajo sólido conceptual y metodológicamente, polémico, muy pertinente para Centroamérica en la época actual, y muy audaz, ya que se trata de un instrumento de análisis novedoso en materia jurídica, institucional y política.
“El trabajo logra acotar a la discusión sobre la democracia y sirve para confrontar a los gobiernos con sus propias carencias”, expresó Ulibarri.
Por su parte, el escritor y abogado Alberto Cañas Escalante, refutó algunos de los planteamientos del documento.
En su criterio, existe un convencimiento generalizado de que Costa Rica se ha vuelto ingobernable, y la causa de esto es que hay demasiadas leyes.
“En Costa Rica nos hemos convencido de que los problemas hay que resolverlos mediante leyes, y siempre recuerdo lo que decía mi maestro don Francisco Echeverría García, en la Facultad de Derecho, que las leyes no deben darse para modificar la sociedad, las leyes la reflejan”.
A su juicio, no son las leyes las que modifican la sociedad, sino la manera en que las personas las aplican.
Finalmente, el Ministro de Planificación y Política Económica, M.Sc. Roberto Gallardo, subrayó la importancia de que es un Informe sobre la gobernabilidad.
“El tema de fondo del Informe es el problema de la gobernabilidad, que el ejercicio de la función pública se traduzcan en mejores condiciones de vida para la gente, lo cual debería ser el objetivo de cualquier ejercicio de gobierno”, argumentó Gallardo.
Para Gallardo, el contenido del Informe puede ser disputable, pero sirve para enmarcar la discusión, sobre todo en la coyuntura actual que se cuestiona sistemáticamente la institucionalidad”.
