El Programa de Posgrado en Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UCR presentó una propuesta de proyecto de Ley de Fomento al Turismo Rural de Beneficio Comunitario, y un Decreto ejecutivo para la declaratoria de interés público y creación de la Comisión de Gestión del Turismo Rural de Beneficio Comunitario.
Lo hizo el miércoles 15 de junio, durante una mesa redonda en torno al tema Importancia del turismo rural de beneficio comunitario: el café del siglo XXI? Necesidad de regulación jurídica.
Esta actividad contó con la participación del Dr. Carlos Bolaños Céspedes, coordinador de la propuesta de proyecto de ley y profesor del curso Desarrollo Rural Sostenible; el Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, Coordinador del Posgrado en Derecho Agrario; la Sra. Leila Solano Pacheco, Presidenta de COOPRENA y representante de La Alianza, y el Lic. Romano Sancho, de la Comisión de Defensa de los Cerros de Escazú.
Según dijo el Dr. Carlos Bolaños Céspedes, esta propuesta de ley es un primer esfuerzo que busca regular el turismo rural y el ecoturismo, dado que nuestro país ni el resto de Centro América poseen una ley de esta naturaleza, como si sucede en las naciones europeas desde los años sesenta.
La iniciativa partió de estudiantes del Posgrado en Derecho Agrario de la Facultad de Derecho, entre los cuales figuran funcionarios del Estado, del Poder Judicial y abogados y abogadas litigantes.
Agregó que para su elaboración conversaron con empresarios rurales, operadores de turismo y técnicos del ICT; se hicieron talleres de discusión en la UCR, y reuniones con varias organizaciones de turismo rural.
Sin embargo, comentó que a esta propuesta aún se le deben hacer algunas reformas antes de someterla a conocimiento y debate de la Asamblea Legislativa.
El objetivo de esta ley es fomentar la promoción de las comunidades rurales por medio del desarrollo de actividades turísticas en las zonas rurales del país, con el propósito de elevar su nivel de vida, fomentar el desarrollo sostenible, mantener nuestros recursos naturales, fortalecer el conocimiento de la cultura autóctona y fomentar el desarrollo de empresas comunitarias en sus diversas modalidades.
Además, busca propiciar la equidad de género y la organización e incorporación de los jóvenes al proceso productivo, y que los beneficios sean para la comunidad en donde se realizan dichas actividades.
Con esta legislación se declararían de interés público todas las actividades relacionadas con el turismo rural, como el agroturismo, el ecoturismo, el turismo deportivo, el etnoturismo, el acuaturismo y el turismo de aventura.
Podrán acogerse a los beneficios e incentivos que se establecen en ella, las empresas de turismo rural de tipo familiar, cooperativo, autogestionario y en general asociativo. Entre los incentivos fiscales que contempla esta ley están la exención del impuesto sobre bienes inmuebles del área del proyecto, la exención de todo tributo a la compra de vehículos y maquinaria necesarios para el desarrollo del proyecto, y la exención total del pago de los Timbres del Colegio Federado de Arquitectos, así como las demás exoneraciones que fije la ley 6990 de Incentivos para el Desarrollo Turístico.
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