26 jun 2003 El régimen de pensiones del Magisterio Nacional no representa un privilegio para los trabajadores adscritos, sino que trata de proteger los derechos adquiridos, consolidados y pronunciados por la Sala Constitucional del país.

Así lo afirmaron los abogados Miguel Chacón, miembro de la Comisión Institucional de Pensiones de la Universidad de Costa Rica, Diego Salazar, asesor legal de la Junta Directiva de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, y Mario Rivera, asesor legal del Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU).

Las consideraciones se dieron en el marco de una mesa redonda acerca de los “Aspectos jurídicos del conflicto sobre pensiones del Magisterio Nacional”, organizada por la Rectoría y el SINDEU de la UCR. La temática se ha abordado durante esta semana desde diversas ópticas: la económica, jurídica, y la matemática actuarial para hacer propuestas e informar a la comunidad universitaria.

El Lic. Miguel Chacón, afirmó que con toda la presión política que se está dando en estos tiempos, lo que se está mancillando son los derechos adquiridos de los trabajadores, que han sido respetados y aplicados por la Sala Constitucional. Las sentencias positivas en relación con este tema son innumerables.

Agregó que le preocupa un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, donde se atreven a interpretar los pronunciamientos de la Sala Constitucional, cuando todos sabemos de que en nuestro ordenamiento jurídico los poderes y las competencias están claramente definidos.

Chacón expresó que este pronunciamiento llega a interpretar y a debilitar otro argumento de la Sala en el sentido de los alcances de un convenio internacional, ya ratificado y que tiene fuerza de ley, como es el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No se trata de un privilegio para ocho mil educadores, es un derecho, si se toma en consideración el tipo de cotización que hace el trabajador, entre un 9 y un 16%. Se trata de protección de derechos adquiridos, consolidados y pronunciados por la Sala Constitucional”, reiteró.

Por su parte, el Lic. Diego Salazar manifestó que además del conflicto con las pensiones hay otros aspectos negativos en un proyecto que pretende situaciones totalmente nefastas para todos los trabajadores.

“No es cierto que estamos en una lucha para darles un privilegio a ocho mil personas, estamos protegiendo el régimen de todos. Obviamente hay un anteproyecto que procura eliminar a la Junta de Pensiones con el interés de apoderarse del régimen de capitalización colectiva, o sea de los jóvenes, con un acumulado aproximado de unos ¢80 mil millones, lo que es un bocado muy apetecido para cualquier Gobierno”, explicó.

Con respecto al convenio 102 de la OIT, aseveró que hay una resolución de la Sala Constitucional con referencia al régimen del Magisterio y que está vigente, y que el Estado pretende con actos preparatorios, modificar e interpretar el contenido de una resolución de nuestro más alto tribunal.

Salazar aseguró que “este es el inicio de una práctica que eventualmente el día de mañana nos puede poner en cualquier momento ante una pérdida de nuestros derechos adquiridos, inclusive hasta constitucionalmente, porque si permitimos de que el Gobierno mantenga su criterio sobre el dictamen de la Procuraduría en detrimento de los votos de la Sala Constitucional, cómo vamos a pelear hacia el futuro”.

Finalmente, el Lic. Mario Rivera afirmó que esta batalla está ganada, porque “el derecho y la justicia están del lado del Magisterio y si analizamos la situación que se vive, es totalmente anárquica, pues el Gobierno se ha rebelado contra el estado de derecho, que desacata, desoye, y desobedece los fallos de la Sala Constitucional”.

Agregó que la Procuraduría ha tergiversado la realidad, y la Sala Constitucional no ha revertido el criterio sostenido, en lo que respecta a la interpretación que se ha hecho de un tratado o convenio internacional.

No obstante, mencionó que “manejan otro tipo de matemática, de interpretación de los fallos y se han dado a la tarea de rebelarse contra ellos”.

Puntualizó que lo importante para el trabajador, para el miembro del Magisterio es percatarse y concientizarse de que “tenemos un Gobierno rebelde, que ha sorprendido por su actitud beligerante y hostil, lo cual es muy peligroso, porque la Sala no ha revertido sus criterios y siendo el Ejecutivo el encargado de ejecutar la ley y de respetar los fallos de la Sala Constitucional, somos nosotros como ciudadanos y trabajadores los que estamos en pie de lucha, precisamente para pedir al Gobierno lo mínimo, que es el respeto al ordenamiento jurídico”.