Un 67 % de las costarricenses aseguran haber sufrido algún tipo de violencia, según los principales resultados de una Encuesta Piloto sobre Violencia Doméstica contra las Mujeres, realizada en todo el país por el Centro de Investigación de Estudios para la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica.
Según lo explicó la Dra. Monserrat Sagot, el estudio se aplicó mediante entrevistas cara a cara en las siete provincias del país, entre el 14 y el 24 de febrero del 2002, en Tibás, Moravia, Hatillo, Heredia Centro, Barva de Heredia, Alajuela Centro, San Ramón, Puntarenas Centro, Chacarita, Coto Brus, Limón Centro, Corales de Limón, Tilarán, Arenal, Tres Ríos y Cartago Centro, a una muestra cuasi-aleatoria de 100 mujeres.
Básicamente, se midieron aquellos actos que son considerados delito por los países participantes en el proyecto Encuesta Internacional de Violencia Contra las Mujeres (IVAWS por sus siglas en inglés), como son la violencia física que contempla golpes, patadas, mordiscos, empujones, quemaduras, ahorcamientos, jalones de pelo, torceduras de brazos, uso de arma blanca o de fuego y la violencia sexual que incluye violación o intentos de violación.
En la consulta, que tomó en cuenta a mujeres entre los 15 y los 75 años, con ingresos superiores a los ¢200 mil en el 53 % de los casos e inferiores a los ¢200 mil en el 47 % de los casos, se encontró que un 40 % de las consultadas ha sufrido violencia física, un 15 % violencia sexual y un 30 %, ambos tipos de maltrato.
El 34 % de estas mujeres, que son casadas (47 %), viven en unión libre (12 %), tienen novio o pareja (15 %), o son solteras, divorciadas o viudas sin pareja actual (25 %), manifestaron haber sufrido jaladas de pelo, torcidas de brazos y empujones; un 17 % golpes, patadas y mordiscos; un 9 % intentos de extrangulamiento, asfixia y quemaduras; y un 10 % han sido atacadas con arma blanca o de fuego.
En un 54 % de los casos estos tipos de violencia han ocurrido de 2 a 5 veces y en un 36 % de los casos, seis o más veces.
La violencia sexual que ha ocurrido a un 15 % de las consultadas, ha sido perpetrada por extraños (19 %), conocidos (17 %), familiares (19 %), por parejas anteriores (19 %) y por la pareja actual (25 %) y la han sufrido en un 75 % de los casos seis o más veces.
La encuesta determinó que sólo denunciaron el caso un 23 % de las mujeres con pareja y un 11 % de las que fueron atacadas por personas extrañas, a pesar de que muchas de ellas manifestaron haber sentido que su vida peligraba y que estaban siendo víctimas de un delito.
Aparte de los maltratos físicos y sexuales, muchas mujeres son sometidas a otros tipos de violencia como limitación de contacto con familiares y amistades, apodos o insultos, amenazas para ellas, sus hijos y personas cercanas, insistencia de saber dónde está todo el tiempo, sospechas constantes de infidelidad, destrucción y daño de sus cosas personales, enojo cuando habla con otros hombres y amenazas de muerte.
A juicio de la Dra. Monserrat Sagot, este tipo de violencia es un problema social de gran magnitud que le niega a las mujeres sus derechos a la integridad física y psicológica, a la dignidad, la autonomía y la felicidad, lo mismo que le niega el acceso a derechos ciudadanos como la justicia, la protección y el debido proceso.
Hizo énfasis en que la violencia doméstica no es un problema privado, individual, familiar o relacional, sino público, porque está íntimamente relacionado con el concepto de ciudadanía, es decir con la distribución social de los derechos y obligaciones, de cargas y beneficios, lo que coloca a las mujeres en una posición de exclusión social.
Al respecto la Dra. Sagot indicó que es por eso que la problemática se convierte en una responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto, que debe tomar medidas legales, económicas y sociales que le garanticen a las mujeres pleno acceso a la justicia y a sus derechos como ciudadanas.
El estudio, realizado por el CIEM de la UCR, contó con el apoyo del INAMU, la Maestría Regional de Estudios de la Mujer UCR-UNA, la Comisión Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, la Universidad de Western-Ontario de Canadá y otros organismos de ese país como Statistics Canadá, HEUNI y UNICRI.
Esta investigación servirá como base para una encuesta nacional sobre el mismo tema que se aplicará a partir del mes de julio próximo, con el objetivo de definir además el costo económico de la violencia intrafamiliar en el país.
Documento con informe de la encuesta
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