Abogados ambientalistas recomiendan a Gobierno

Los abogados Edgardo Araya, Álvaro Sagot, Nicolás Boeglin y José María Villalta analizaron la conveniencia o no para Costa Rica de participar en un arbitraje internacional sobre el caso Crucitas solicitado por la empresa minera canadiense Infinito Gold (foto Laura Rodríguez).

El Estado costarricense tiene suficientes razones jurídicas para negarse a participar en un arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), solicitado por la empresa minera Infinito Gold sobre el caso del proyecto minero Crucitas.

La compañía canadiense planteó una demanda al país ante el Ciadi, el 4 de febrero pasado en Washington, Estados Unidos, por la anulación de todos los permisos otorgados para la explotación de oro a cielo abierto en la localidad de Crucitas, en el cantón de San Carlos.

Alega que Costa Rica violó cuatro artículos del Acuerdo entre Costa Rica y Canadá para la promoción y la protección de inversiones. Asimismo, reclama el pago de más de $93 millones que un tribunal nacional le ordenó pagar por los daños ambientales causados en la zona del proyecto minero, así como de varios montos relacionados con otras acciones legales relativas a este caso.

La disyuntiva de ir o no ir al arbitraje fue debatida por cuatro especialistas en Derecho ambiental. Algunos de ellos actuaron como abogados demandantes contra la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de Infinito Gold, que tenía bajo su cargo la implementación del proyecto.

La actividad fue organizada por el Programa Kioskos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 6 de marzo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, y contó con un numeroso público entre estudiantes y personas interesadas en el tema.

Empresa violó normativa

Los juristas alegaron que el país posee suficientes herramientas jurídicas para negarse a participar en el proceso del Ciadi, ante todo porque existe una sentencia de 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó anular la concesión del proyecto Crucitas al comprobarse que la empresa causó daños a la biodiversidad, irrespetó el ordenamiento jurídico costarricense y participó en actos contrarios a la ética con la complicidad de funcionarios públicos.

Según el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, profesor de la UCR y abogado demandante de Crucitas, dicha sentencia dejó claro que los inversionistas extranjeros no podrán “invocar la seguridad jurídica o la inversión extranjera para mantener conductas administrativas totalmente ilegales”.

Además, recordó que el acuerdo bilateral entre Costa Rica y Canadá establece que un inversionista puede someter una diferencia solamente si ningún tribunal nacional ha emitido un fallo. “Esto marca la cancha y le marca la cancha a Infinito Gold. Si ya se agotó la vía nacional, si a la empresa se le dieron todos los derechos, el debido proceso y tuvo abogados seguramente de firmas carísimas, cómo es que, como perdió, lleve esto al Ciadi”, se preguntó Sagot.

El Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, explicó que el Ciadi se creó en 1975 ante la ola de nacionalizaciones en África, Asia y la pensínsula arábica, con el fin de defender los derechos de los inversionistas extranjeros (foto Laura Rodíguez).

Otro de los argumentos de los expertos es que la sociedad civil no tiene cabida en el proceso del Ciadi, en donde se lleva a cabo un juicio a puerta cerrada únicamente entre las partes y sin posibilidad de participación de nadie más.

Los expositores coincidieron en que fue gracias a las acciones y a la presión de la ciudadanía, de la UCR y de los grupos organizados que se logró detener el proyecto Crucitas y demostrar las irregulares ocurridas durante toda la etapa de gestión.

“Algunos tenemos temores de que Costa Rica no se defienda como debiera defenderse, porque el caso Crucitas mostró que el Estado fue incapaz de defender el interés público, y fue la sociedad civil la que obtuvo una condena debido a las conductas ilegales del Estado”, aseguró el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y otro de los participantes en el juicio contra la empresa Industrias Infinito.

Sagot alertó ante la posibilidad de que funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que son los encargados de representar al Estado costarricense en esta materia, lleguen a un arreglo con la compañía minera canadiense. “Me da miedo que ellos lleguen a un arreglo y digan que es lo mejor para el país”, expresó.

Los conferencistas recordaron que hay antecedentes de funcionarios públicos  que actuaron con negligencia, en el menor de los casos, en la concesión de los permisos de Crucitas. Igualmente, mencionaron que la Fiscalía General de la República no ha dado continuidad a las investigaciones de la actuación de algunos de ellos, lo que es un claro incumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

Irrespeto a la soberanía

El Lic. José María Villalta, abogado y diputado por el Partido Frente Amplio (FA), esgrimió la tesis de que ningún arbitraje internacional puede estar por encima de la Constitución Política del país.

“La Constitución establece claramente que los arbitrajes son voluntarios, tiene que darse el consentimiento del país para someterse a un arbitraje y hay temas que no se pueden llevar a un arbitraje porque tocan materia sensible que afecta los intereses de la colectividad”, afirmó.

A su juicio, este es un tema que no se ha debatido y que tiene que ser analizado por la Sala Constitucional, organismo que en el pasado no ha mostrado un acuerdo unánime acerca del tema.

”Estamos creando dos tipos de ciudadanos: el costarricense y otro de primera categoría que es el inversionista extranjero, un superciudadano, y eso no es propio de un régimen democrático”, aseguró el abogado Edgardo Araya, quien representó en el caso Crucitas a la Organización Unión Norte por la Vida (foto Laura Rodríguez).

Según Villalta, en vez de ir al Ciadi por obligación, que es la interpretación del Comex y de algunos sectores que defendieron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, “tenemos que reclamar que se cumpla la Constitución Política o llevar el tema a la Sala Cuarta para impugnar la norma del TLC con Canadá”, en relación con la obligatoriedad de acudir a un arbitraje en caso de un conflicto.

El especialista fue enfático al afirmar que la mejor vía dentro del marco legal costarricense es “decirle al Gobierno de Canadá que Costa Rica no admite un arbitraje obligatorio en el caso Crucitas y negar el consentimiento”.

La misma posición sostuvo el Lic. Edgardo Araya Sibaja, diputado electo por el FA en las elecciones del 2 de febrero de 2014 y también participante en el juicio contra Crucitas. Consideró que se está creando un “superciudadano”, el inversionista extranjero, “y eso no es propio de un régimen democrático, como el de Costa Rica.

Notas relacionadas:

En los siguientes enlaces puede consultar información publicada en este sitio sobre durante los tres últimos años sobre el tema de la minería, y en particular, sobre el caso Crucitas. 

http://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/11/26/crucitas-todavia-esta-vivo-afirman-abogados.html

http://www.ucr.ac.cr/noticias/2012/10/29/sentencia-reafirma-libertad-de-catedra.html

http://www.ucr.ac.cr/noticias/2012/08/12/curso-sobre-crucitas-inicio-sin-contratiempos.html

http://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/06/21/juicio-contra-crucitas-puso-limites-a-contaminacion-minera.html