Expertos analizan criminalización de la protesta

Varios gobiernos de América Latina utilizan sus sistemas jurídicos para reprimir a los colectivos sociales que se oponen a sus políticas (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).

Académicos de la Universidad de Costa Rica y expertos en el tema del activismo social, de varios países latinoamericanos concluyeron que el fenómeno de la criminalización de la protesta social es estrategia de política que trata de debilitar el derecho de la libertad de expresión del pueblo, en un foro organizado por la Rectoría de la UCR.

Como parte del conversatorio, el Dr. Claudio Duarte, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile; la M.Sc. Mirta Vásquez, profesora de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú y la Dra. Gladys Tzul, docente de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, expusieron sobre las características del fenómeno de la penalización del movimiento social, en distintos países de América Latina.

A ellos se les unió la Licda. Ariane Grau, coordinadora Sindical de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (APSE); el Dr. Nicolás Boeglin, docente de la Universidad de Costa Rica, y el Dr. Alfredo Chirino, moderador del foro.

El foro Criminalización de la protesta social fue organizado por la Comisión de Estudios Críticos de la Rectoría, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (foto Laura Rodríguez).

A lo largo de la discusión, estos expertos manifestaron que existe una tendencia política en varios países de América Latina (Perú, Chile, Costa Rica y Guatemala)  que trata de visibilizar a las protestas del movimiento social, como actos delictivos y violentos.

En su criterio, esta estigmatización del movimiento social es una estrategia que además de reprimir a los actores de la crítica política, logra atemorizar y desarticular a los colectivos sociales que se oponen a las propuestas e injusticias de los gobiernos; acciones que a su vez debilitan las bases del sistema democrático.

Además, los expositores afirmaron que para lograr esta desarticulación y represión contra el movimiento social, quienes están en el poder hacen uso del sistema jurídico para culpabilizar a los líderes del activismo, y de los medios de comunicación para crear en el imaginario social, la idea de que la protesta es un delito.

“La criminalización de la protesta social se posiciona como una estrategia política, que invisibiliza los movimientos sociales, los caracteriza como actos delictivos y a sus gestores como delincuentes” comentó Alfredo Chirino(foto Laura Rodríguez).

Desde su perspectiva, el objetivo principal del fenómeno de la criminalización de la protesta, por parte de algunos gobiernos, radica en lograr disminuir los efectos del ejercicio del derecho inalienable del pueblo a la libertad de expresión y reunión.

Política compleja e institucionalizada

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el desarrollo de la penalización de la protesta en su país natal Perú; la M.Sc. Mirta Vásquez aseguró que este fenómeno social se consolidó, poco a poco en su nación, como una de las tantas consecuencias de la apertura económica al mercado exterior.

En su criterio, a partir de la liberalización económica, que se dio con la llegada de la dictadura de Fujimori, principalmente con la apertura en la industria de explotación mineral,  “se afianzó la política de criminalización”.

Ariane Grau mencionó que uno de los ejemplos claros de la criminalización de la protesta sindical es un reciente proyecto del gobierno tico que busca prohibir la huelga de los empleados del sector público (foto Laura Rodríguez).

Desde su perspectiva, la expresión del fenómeno de la criminalización de la protesta, en el Perú, durante estos últimos años, ha estado marcada por elementos políticos, sociales y jurídicos que indican que hay una estrategia compleja, institucionalizada y legalizada.

“La criminalización de la protesta es una política compleja que va más allá de la represión por parte de los gobiernos, es una estrategia que incluye un entramado político que es todo este uso del derecho penal, pero que también integra un elemento social que además tiene  un componente comunicacional muy fuerte, pues hay que crear en la sociedad, la idea de que todo tipo de protesta incluye violencia y desestabilización”  dijo Vásquez.

Según Vásquez, tácticas legales como: el aumento de años de penalización en los delitos menores, como desobediencia a la ley, bloqueo de calles y disturbios,  así como la inimputabilidad  a la que se pueden acoger las fuerzas armadas para no ser responsables penalmente de un acto ilícito en contra del pueblo, coadyuvaron a institucionalizar la criminalización de la protesta, en el Perú.

Durante el foro, estudiantes, docentes y administrativos constituyeron un público que disfrutó activamente de la intervención de los expositores y realizó preguntas sobre distintos temas (foto Laura Rodríguez).

En esta misma línea, el Dr. Claudio Duarte Quapper, profesor de Sociología de la Universidad de Chile, manifestó que en su país, también se ha dado un proceso de criminalización de la protesta, pero específicamente de las luchas del movimiento estudiantil.

Según Duarte, esa represión de parte del gobierno hacia el movimiento estudiantil, se da por qué los universitarios y colegiales son el único colectivo en Chile que “han logrado poner en entredicho el modelo económico instaurado por la dictadura”.

Sindicatos y ambientalistas: víctimas de la represión

Al final del foro, los expositores el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, docente de la Universidad de Costa Rica; la Dra. Gladys Tzul Tzul, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y la Licda. Ariane Grau, coordinadora Sindical de la Asociación de Profesores de Secundaria (APSE) expusieron sobre cómo la criminalización de la protesta también abarca a colectivos sindicales, a grupos ambientalistas y a los pueblos indígenas.

Los tres expositores coincidieron en las trampas jurídicas que utiliza el gobierno para culpabilizar a los líderes comunales, sindicales y ambientalistas, dañan significativamente a los colectivos sociales, los cuales luego tienen que invertir sus esfuerzos no sólo en ejercer la crítica política, sino también en buscar mecanismos para liberar de la culpa los compañeros del movimiento que fueron penalizados con cárcel o amenazados de muerte. 

Asimismo, tras referirse a casos como el de la lucha contra la minería en Crucitas de San Carlos, Costa Rica, a la ilegalización del derecho sindical en Costa Rica y la experiencia de lucha, por el territorio de los pueblos indígenas, en Guatemala; los expertos propusieron que es necesario, buscar otros tipos de manifestaciones (actos culturales, obras de teatro, música) en contra del gobierno para ejercer el derecho a la libertad de expresión, sin miedo a ser penalizados o y juzgados como peligrosos delincuentes.

El Dr. Henning Jensen Pennigton, rector de la UCR mencionó que la institución tiene como uno de sus ejes prioritarios, ofrecer espacios de discusión sobre temas de suma relevancia para la sociedad, entre ellos el tema del derecho a la libertad de expresión (foto Laura Rodríguez).