Las universidades estatales del país deben contar con suficientes recursos para dar cabida a las y los jóvenes quienes buscan estudiar alguna carrera y desarrollarse como profesionales, para eso el Estado debe asegurar los ingresos debidos para cubrir las necesidades de crecimiento de dichas instituciones públicas y garantizar el futuro de las y los costarricenses.
Esto por cuanto la mejor herramienta contra la pobreza es la educación y para responder a este reto las universidades estatales deben garantizar un adecuado uso de los fondos y defender el uso discrecional, siempre dentro de una autonomía universitaria responsable.
Esas son las conclusiones más importantes a las que se llegó durante el conversatorio realizado en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la sede central de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) carretera a Sabanilla y que se tituló Negociación del presupuesto y la autonomía universitaria.
La Dra. Lizette Brenes Bonilla, vicerrectora de Investigación de la UNED fue la moderadora del conversatorio en que participaron como expositores el M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez, director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) del Consejo Nacional de Rectores (Conare); la Dra. Silvia Castro Montero, rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit); y el M.Sc. Luis Guillermo Carpio Malavassi, rector de la UNED.
Responsabilidad y solidaridad
El primero en subir al podio fue el M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez quien hizo un repaso histórico sobre el nacimiento del financiamiento de las universidades públicas hasta la creación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).
“El Estado tiene constitucionalmente la obligación de brindar financiamiento a las cuatro universidades públicas, de ahí que en 1988 se firma el primer convenio de financiamiento (FEES), en el que quedaba establecido que no podía ser menor al del año anterior. En los progresivos convenios el financiamiento fue creciendo hasta que se ligó al PIB (Producto Interno Bruto)”, comentó.
Masís señaló además que sin una clara autonomía financiera no se pueden desarrollar los demás ámbitos de la autonomía universitaria, “el elemento del financiamiento es el aspecto más vulnerable para la autonomía universitaria, la cual se ha visto asediada en el presente por nuevas leyes que al parecer le pretenden poner restricciones a ese quehacer de independencia del que gozan las universidades y sobre todo esto inciden las visiones políticas predominantes”, afirmó.
Durante su exposición la Dra. Silvia Castro Montero mencionó que los rectores de las universidades privadas también defienden el poder pensar y decidir lo que quieren, “la Constitución Política garantiza nuestro derecho porque sólo con libertad de acción se garantiza la excelencia del trabajo que se espera de nosotros. Los poderes del Estado deben defender los derechos de las universidades”, sentenció.
“A cambio de nuestras libertades tenemos la obligación de generar calidad en la educación mediante la actualización de planes de estudios, compartiendo el uso de recursos entre instituciones, abriendo espacios para la articulación, etc.”, acotó
Asimismo, Castro señaló que a mayor libertad mayor responsabilidad y por ello es importante rendir cuentas de las gestiones que desarrollan las universidades, no sólo enviando documentación a la Contraloría General de la República, sino poniendo a disposición los indicadores de productividad académica como se hace en otros países.
El conversatorio se completó con la disertación del M.Sc. Luis Guillermo Carpio Malavassi, quien recalcó que día a día los universitarios deben resguardar la autonomía y aseguró que ésta no tiene que estar comprometida por las limitaciones de los intereses de turno.
“Nosotros día a día hemos tenido que estar defendiendo nuestra autonomía porque se confunden muchas cosas y si el precepto autónomo que nace constitucionalmente está condicionado a interpretaciones no tenemos entonces por qué luchar ni tenemos por qué defender un concepto que nació mucho antes que nosotros mismos naciéramos, pero que hoy está en juego su interpretación que va al vaivén de los intereses de turno”, indicó.
Carpio Malavassi explicó además que la autonomía confiere a las instituciones independencia en materia de gobierno, de administración y sobre las decisiones puestas sobre su competencia, “ese es el marco histórico que tenemos nosotros para actuar y el que tenemos que defender”, concluyó.
Esta actividad fue organizada el 24 de abril por Conare, en el marco de la celebración de la Semana de la Autonomía Universitaria y en recuerdo de la gran protesta estudiantil contra ALCOA en 1970.
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